El aristócrata Luis Medina, hijo menor de Naty Abascal, ha protagonizado una de las jornadas más polémicas del juicio por la estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid-19. Medina, acusado junto a Alberto Luceño, está siendo investigado por obtener comisiones desmesuradas por su intermediación en la compra de mascarillas y otros productos de protección a través de una empresa malaya. El juicio pone al descubierto una trama que costó al consistorio madrileño casi 12 millones de dólares, de los cuales una parte significativa fue destinada a comisiones que los implicados cobraron sin ningún control adecuado por parte del Ayuntamiento.
Durante su declaración, Luis Medina intentó desmarcarse de las negociaciones directas con la empresa malaya, asegurando que no tenía ni el correo de la firma con la que se realizó la transacción. Según su versión, fue su socio, Alberto Luceño, quien manejaba las negociaciones y mantenía el contacto directo con el vendedor. “No sabíamos cuánto serían las comisiones, dependía de si al final había negocio”, explicó Medina, defendiendo su participación como un simple intermediario.
Lo que más llamó la atención durante el juicio fueron las palabras de Medina cuando se le preguntó sobre la cantidad de dinero que recibió por su intermediación: “Yo con lo recibido, ya me doy por satisfecho”, afirmó, dejando en evidencia el monto que obtuvo por una operación que resultó ser una de las más controversiales de la crisis sanitaria. Medina, en efecto, se embolsó un millón de euros por sus servicios, mientras que Luceño, su socio, recibió la nada despreciable cifra de cinco millones de euros.
Este caso ha destapado una serie de irregularidades en el proceso de compra de material sanitario en plena emergencia por el Covid-19. El equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida pagó la mitad de los 12 millones de dólares destinados a la compra de mascarillas, guantes y test, no solo por los productos en sí, sino también por unas comisiones que alcanzaron un escandaloso 150%. Esta situación, que implica el despilfarro de dinero público, ha causado una gran indignación, especialmente porque parte del material adquirido resultó defectuoso, lo que ha puesto en tela de juicio la eficiencia de las compras y la transparencia del proceso.
Además, el juicio revela que el Ayuntamiento de Madrid, que actuó con extrema rapidez para garantizar la compra de material en plena pandemia, no desplegó los controles internos básicos para evitar que esta operación se convirtiera en una estafa. A pesar de la emergencia sanitaria y las dificultades en la obtención de equipos de protección, la falta de supervisión permitió que estas comisiones desmesuradas llegaran a los bolsillos de los dos comisionistas, lo que pone en duda el manejo del dinero público durante esa crisis.
El caso ha desatado una enorme polémica, y ahora la justicia tiene la difícil tarea de determinar si hubo dolo y si los implicados actuaron de manera consciente para desviar fondos públicos, o si las irregularidades se deben a una simple falta de control. Lo que parece claro es que el negocio de las mascarillas no fue tan transparente como se esperaba y que las comisiones de Medina y Luceño fueron el resultado de un proceso que, si bien pudo haber tenido buenas intenciones en su inicio, terminó siendo un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos en tiempos de crisis.
Este juicio no solo pone en evidencia el uso indebido de fondos públicos, sino también las fallas en los sistemas de control de contrataciones que deberían haber protegido al Ayuntamiento de Madrid de situaciones como esta. La sentencia podría marcar un antes y un después en la forma en que se gestionan las compras públicas, especialmente en momentos de emergencia, y hacer que se refuercen los controles internos para evitar que la historia se repita en el futuro.
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