Confieso que siempre he desconfiado de las recetas que exigen ingredientes imposibles y, aun así, prometen que el plato saldrá perfecto. En política ocurre bastante: se aprueba el menú, se felicita al cocinero y ya veremos quién encuentra luego lo necesario.
El Gobierno quiere atraer centros de datos a España, pero les obliga a acreditar cada hora que el 80% de la electricidad consumida es renovable. El sector sostiene que esa condición es imposible de cumplir. Bueno, vale, puede que alguna dificultad tenga… aunque quizá baste con pedirle al sol que fiche también durante la noche.
Yo veo varios ingredientes dignos de esta cocina institucional.
Primero, el objetivo parece razonable: evitar que el gran consumo eléctrico de estas instalaciones encarezca la factura del resto. Yo también quiero que nadie se coma el postre y reparta la cuenta entre todas las mesas.
Pero, si quienes deben cumplir la norma llevan desde el primer borrador avisando de que no pueden hacerlo, quizá convendría comprobarlo antes de encender el horno. No para darles siempre la razón, sino para saber si estamos regulando una actividad real o una imaginaria.
Y el decreto se aprueba a menos de diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Seguro que el calendario es pura casualidad administrativa (esas casualidades tan oportunas…).
Además, la planificación de la red eléctrica recibe a última hora un 50% más de capacidad de conexión para las comunidades. Yo me pregunto: ¿esa capacidad apareció en un cajón, maduró de repente o antes estaba calculada con excesiva prudencia?
Sara Aagesen asegura que quieren que estas instalaciones vengan a España, pero bajo estándares de sostenibilidad y soberanía digital. Me parece estupendo. Aunque una puerta abierta con un muro justo detrás sigue siendo, técnicamente, una puerta abierta.
¿Queremos normas exigentes o exigencias diseñadas para quedar bien aunque nadie pueda cumplirlas? Que cada cual opine.


