En un episodio digno de un thriller político, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está inmersa en una investigación por supuesta corrupción y tráfico de influencias. Se especula que eliminó archivos de su ordenador que podrían implicarla en acuerdos turbios con empresarios como Juan Carlos Barrabés. Estas pruebas, hasta ahora, son un enigma, lo que ha permitido que la oposición, especialmente desde la derecha, aproveche para atacar con más fuerza.
La situación empeoró cuando, en lugar de aprovechar su comparecencia ante el juez para aclarar los hechos, Gómez optó por guardar silencio, acogiéndose a su derecho a no declarar. Mientras tanto, su abogado defiende que el caso es una caza de brujas, argumentando que las pruebas presentadas son inexistentes y que no se ha podido demostrar ninguna irregularidad en sus actividades.
Esta investigación, que comenzó a raíz de una denuncia del grupo de ultraderecha Manos Limpias y que más tarde se unió Hazte Oír, ha crecido como una bola de nieve en los medios de comunicación. Sin embargo, informes de la Guardia Civil y la Fiscalía no han hallado evidencia clara contra Gómez, lo que ha llevado al propio Sánchez a denunciar una campaña de “acoso y derribo” orquestada por la oposición conservadora.
Con todo esto, el caso ha puesto a la opinión pública en alerta, mientras los seguidores del gobierno lo ven como una táctica para desestabilizar a Sánchez en plena vorágine política. A la espera de lo que suceda en la próxima audiencia, programada para finales de julio, este culebrón judicial sigue sumando tensión.