El sindicato CGT ha arrojado una dura acusación contra la Generalitat Valenciana por su gestión de la catástrofe climática del pasado 29 de octubre, cuando la DANA dejó 228 personas fallecidas en la Comunitat Valenciana. La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT), personada en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha entregado un demoledor informe técnico donde se documentan 357 fallos graves en la aplicación del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones.
El informe ha sido elaborado a partir de registros oficiales, cronogramas de emergencia, avisos del 112 y comunicaciones meteorológicas. La conclusión del sindicato es tajante: hubo una “inacción sistémica” por parte de la administración autonómica que agravó las consecuencias de la tormenta. Según CGT, el Gobierno de Carlos Mazón incumplió su propio plan de emergencias de forma generalizada.
❗ Centros de coordinación locales: 127 fallos solo en un punto
Uno de los incumplimientos más alarmantes citados en el documento es la no constitución de los CECOPAL (Centros de Coordinación Operativa Local). De los 129 previstos en la provincia de València, solo se activaron dos: los de València capital y Algemesí. Según FETAP-CGT, esto supuso 127 infracciones automáticas y una total falta de respuesta en municipios vulnerables.
? Llamadas ignoradas y alertas sin respuesta
El informe también apunta a fallos operativos del 112, que habría recibido 145 llamadas relacionadas con el Barranco del Poyo —uno de los focos más críticos— sin darles seguimiento adecuado. “Se trataba de zonas no clasificadas como de alto riesgo, pero que debieron ser intervenidas con urgencia”, indica el documento.
A esto se suma la falta de monitorización en 35 puntos fijos de medición de caudales y la ausencia de control operativo en 41 tramos de carretera con incidencias, entre ellos tramos clave de la A-3 en Chiva.
? Medios sin movilizar y retrasos de horas
La cadena de errores también incluyó la no movilización de recursos clave. Las 26 unidades de bomberos forestales de la provincia no fueron activadas, tampoco los 4 helicópteros ni los drones disponibles. La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue incluso desmovilizada por error a las 15.00 horas, y reconvocada más tarde ante el agravamiento de la situación.
El Centro de Coordinación Operativa (CECOPI), órgano clave en estas emergencias, no fue activado hasta pasadas las 15:15 horas, cuando la situación ya era crítica. Según el informe, el director del Plan, Emilio Argüeso (actualmente investigado), no llegó al Centro de Coordinación de Emergencias hasta las 14:45 horas, casi seis horas después de que comenzaran las lluvias más intensas.
⚠️ Alertas meteorológicas: imprecisas, tardías e ineficaces
Respecto a la información previa, el sindicato denuncia que las alertas de AEMET y los SMS de Protección Civil fueron tardíos y ambiguos. Uno de los ejemplos más graves: en la zona de Utiel-Requena, no se emitió ninguna alerta con requerimiento formal hasta las 14:15. Solo 30 minutos más tarde, la zona ya estaba en situación de emergencia nivel 2. Para CGT, esa media hora de desconcierto costó vidas.
? “Faltó todo lo que no puede faltar”
La organización sindical concluye que “faltó todo lo que no puede faltar en una emergencia de esta magnitud: coordinación, planificación, anticipación y liderazgo político”. Y advierte que esta cadena de errores no es solo consecuencia de la imprevisión, sino de una estrategia sostenida de recorte de recursos públicos en protección civil y gestión de emergencias.
Este informe refuerza las acusaciones ya vertidas en la causa judicial, que avanza en la instrucción tras la admisión de querellas por homicidio imprudente y negligencia institucional. CGT insiste en que la DANA “no fue solo un desastre natural”, sino también un fracaso estructural de la administración autonómica.
Las familias de las víctimas y los movimientos vecinales del sur de València han empezado a organizarse para exigir responsabilidades políticas además de judiciales. Mientras tanto, el Gobierno valenciano guarda silencio ante la presentación de este informe, que podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial y en el debate público sobre la gestión de catástrofes climáticas.
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