Compromís ha registrado una petición en Les Corts para abrir una comisión de investigación que examine la gestión de la DANA por parte de la Generalitat Valenciana y su president, Carlos Mazón. La oposición ha criticado duramente la actuación del presidente, acusándolo de priorizar sus intereses políticos sobre la adecuada coordinación de la emergencia. Según Compromís y PSPV, existen errores de gestión, falta de previsión y desinformación que habrían intensificado la crisis en varios puntos clave.
Uno de los primeros errores de Mazón, aseguran, fue una declaración que realizó el 29 de octubre, en la que afirmó que las fuertes lluvias se dirigían hacia Cuenca y que, para las seis de la tarde, se reduciría su intensidad en el resto de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en medio de la catástrofe, Mazón eliminó un tuit que recogía esta información, justificando la eliminación porque los datos se habían quedado “caducados” con el cambio en las condiciones meteorológicas. Para Compromís, esta acción refleja inacción y falta de previsión en un momento crítico.
A su vez, Compromís señala que Mazón alertó a la población “tarde”. Las críticas se basan en que, pese a los reiterados avisos de AEMET desde el 27 de octubre, la Generalitat no envió una alerta directa a los móviles de los ciudadanos de Valencia hasta las 20:12 del 29 de octubre, cuando muchas personas ya se encontraban atrapadas por las inundaciones. En contraste, Mazón defendió que su administración reaccionó en función de la información de las confederaciones hidrográficas y que se pidió la activación de la UME a las 15:21 de ese día, momento en el que empezaron a movilizar recursos.
La cronología de la gestión de los recursos ha sido otro punto conflictivo. Compromís y CCOO denunciaron que la mayoría de unidades de bomberos forestales no fueron movilizadas para ayudar en las labores de emergencia el 29 de octubre. Además, los sindicatos señalan que los bomberos helitransportados estuvieron mínimamente activos, mientras que medios de otros territorios, como helicópteros de Andalucía y bomberos de Bilbao, enfrentaron descoordinación y retrasos en su despliegue.
Asimismo, la oposición critica la “falta de empatía” del gabinete de Mazón hacia las víctimas y sus familias. El mensaje de la consellera Nuria Montes, quien explicó a los familiares de las víctimas que no podrían acceder al pabellón donde se custodiaban los cuerpos, fue interpretado como insensible en un momento de alta carga emocional.
La polémica también se centra en la coordinación del voluntariado, que, según Compromís, fue obstaculizada por la Generalitat, generando confusión entre los ciudadanos y entorpeciendo el trabajo de los voluntarios. El Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) se vio desbordado por la gran afluencia de ayuda, lo que dificultó la seguridad y el tránsito de los ciudadanos.
Para los partidos de la oposición, la falta de una gestión eficiente del Cecopi demuestra el “caos organizativo” en la coordinación de la crisis, acusando a Mazón de priorizar su agenda personal sobre las labores de emergencia. Esta crítica se acentúa al considerar que una de las primeras decisiones de su gobierno fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias, creada por la administración anterior, argumentando que era un “chiringuito innecesario”.
Mientras Mazón ha defendido su actuación y ha solicitado inversiones millonarias al Gobierno español para la recuperación, la gestión de la crisis ha dejado abierta la pregunta sobre la necesidad de declarar la emergencia nacional, una medida que quitaría a la Generalitat el mando de la situación y lo transferiría al Gobierno central.
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