El 17 de mayo de 2023 se aprobó la ley de vivienda, una norma largamente negociada por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Dos años después, su aplicación sigue siendo casi nula en gran parte del país.
El motivo: el bloqueo sistemático del Partido Popular en las comunidades que gobierna, muchas de ellas junto a Vox. La ley permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, pero son las autonomías quienes deben declarar esas zonas. Y el PP, directamente, se niega.
El resultado es una legislación que nació tarde y que ha quedado atrapada en el papel. Incluso dentro de Podemos reconocen ahora que es “una ley de 2020 que no sirve en 2025”, dado que la emergencia habitacional se ha agravado notablemente.
Mientras tanto, ciudades como Rivas intentan sin éxito que se les permita aplicar topes al alquiler, chocando contra los gobiernos autonómicos. Desde Sumar e Izquierda Unida exigen medidas más ambiciosas, incluso permitir que los ayuntamientos actúen sin esperar a las comunidades. Pero el tiempo corre, y el acceso a la vivienda sigue empeorando.
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