En el emocionante y siempre impredecible partido de la política española, la reforma de la ley de extranjería se ha convertido en una especie de final de Champions, pero con una peculiaridad: nadie quiere meter un gol. Los barones del Partido Popular, dirigidos por Alberto Núñez Feijóo, han decidido que no habrá acuerdo con el Gobierno para la reubicación de menores migrantes no acompañados. “No va a haber acuerdo”, han dicho con la solemnidad de quien anuncia el resultado de un partido antes de que empiece. Eso sí, sin aclarar cuál es el plan alternativo, porque, claro, eso sería dar demasiada información.
La dirección nacional del PP ha optado por una jugada magistral: pasar la pelota. “Que lo negocie Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, con cada comunidad autónoma”, han sugerido, como si eso fuera a resolver mágicamente el problema. Pero las comunidades, nada tontas, devolvieron el saque pidiendo un “acuerdo global” que deje a todos contentos. ¿El resultado? El balón sigue volando de un lado a otro mientras el público —es decir, todos nosotros— se aburre esperando algún tipo de definición.
Por su parte, Feijóo, siempre maestro en el arte de las declaraciones ambiguas, aprovechó una conversación informal con periodistas para explicar que no habrá más reuniones con el Gobierno central ni con los líderes de Canarias y Ceuta. Su único marco de referencia es el acuerdo que firmó con Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias, un documento que propone endurecer las fronteras y cambiar la política migratoria. Claro, hay un pequeño detalle: el Gobierno ya lo ha descartado por completo. Es como si Feijóo estuviera jugando con reglas que solo existen en su cabeza, mientras el resto del equipo ya está en otra liga.
Y como en todo buen partido, no podía faltar el equipo rival dispuesto a meter presión. Vox, siempre fiel a su estilo de levantar la voz y agitar el ambiente, ha decidido lanzar un órdago: si el PP pacta algo con el Gobierno, no apoyará sus presupuestos regionales. Es una amenaza seria, pero los populares, optimistas como siempre, creen que Vox no se atreverá a ir tan lejos. “No se pegarán un tiro en el pie”, aseguran desde las filas populares, convencidos de que todo es parte del guion para mantener a su electorado entretenido.
Mientras tanto, en las comunidades gobernadas por el PP, la situación tampoco es sencilla. Desde Castilla y León hasta Illes Balears, los presidentes regionales aseguran que ya están haciendo su parte acogiendo menores migrantes. Sin embargo, insisten en que la solución debe ser colectiva. No faltan, por supuesto, las indirectas hacia Catalunya, que, gobernada por Salvador Illa, parece haberse convertido en el saco de boxeo favorito de los populares en esta materia.
Lo más curioso es que, en el fondo, todos parecen estar jugando a lo mismo: evitar responsabilidades. Nadie quiere quedarse con el balón en los pies, por miedo a que el próximo titular de prensa les atribuya la derrota. Así, la política migratoria se convierte en un espectáculo de pases infinitos, fintas innecesarias y promesas vacías.
Y mientras tanto, los verdaderos protagonistas de esta historia —los menores migrantes no acompañados— siguen esperando en un rincón, viendo cómo el partido se alarga eternamente sin que nadie se decida a tirar a puerta.
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