El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid tras el bloqueo a su solicitud de declarar el municipio como “Zona de Mercado Residencial Tensionado”. Esta medida, recogida en la Ley de Vivienda aprobada en 2023, permitiría intervenir en el mercado del alquiler y establecer límites a los precios, con el objetivo de frenar su constante encarecimiento y garantizar el acceso a la vivienda en la ciudad.
Según el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso está incurriendo en “inactividad” al negarse a aplicar la normativa estatal, a pesar de que el municipio cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. Desde el consistorio ripense denuncian que la Consejería de Vivienda “está haciendo dejación de las competencias a las que está obligada por la legislación vigente” y advierten de que esta postura está perjudicando gravemente a las familias del municipio, que se enfrentan a precios de alquiler cada vez más elevados.
El Ayuntamiento de Rivas solicitó formalmente la declaración de zona tensionada el pasado 25 de septiembre de 2024, alegando que en el municipio el esfuerzo medio para pagar un alquiler supera el 30% de los ingresos de los hogares, uno de los criterios fundamentales que establece la Ley de Vivienda. Sin embargo, la Comunidad de Madrid rechazó la propuesta argumentando que había recurrido la normativa estatal ante el Tribunal Constitucional.
El problema para el Ejecutivo autonómico es que en enero de este año el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por el Partido Popular, avalando la legalidad del control de los alquileres. Pese a ello, el Gobierno madrileño sigue sin aplicar la norma y mantiene bloqueada la declaración de zonas tensionadas, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Rivas a recurrir a la vía judicial para exigir su cumplimiento.
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha sido contundente en sus críticas hacia la Comunidad de Madrid: “No puede decidir qué leyes aplica y cuáles no. Su inacción en materia de vivienda perjudica gravemente a las familias de Rivas, que tienen derecho a beneficiarse de las medidas excepcionales contempladas en la ley estatal”. La regidora ha insistido en que el consistorio está haciendo “todo lo que está en su mano” para garantizar el acceso a una vivienda digna, pero ha exigido que el Gobierno regional “asuma también su responsabilidad y deje de boicotear soluciones que buscan aliviar la situación del mercado del alquiler y proteger a la ciudadanía”.
Desde el Ayuntamiento de Rivas también han recordado que, ante la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico, el pasado 11 de diciembre enviaron un requerimiento formal a la Consejería de Vivienda instándola a cumplir con la normativa vigente y a iniciar el procedimiento de declaración del municipio como zona tensionada. La petición, según el consistorio, ha sido ignorada.
La negativa de la Comunidad de Madrid a aplicar la Ley de Vivienda se enmarca dentro de un modelo de gestión en el que el Partido Popular ha rechazado sistemáticamente la intervención en el mercado del alquiler. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado en varias ocasiones su oposición a los límites a los precios, argumentando que esta medida “provoca el efecto contrario” y “disuade a los propietarios de poner sus viviendas en alquiler”. En la misma línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la solución al problema de la vivienda pasa por incrementar la oferta con la construcción de nuevos inmuebles, en lugar de establecer regulaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas defiende que la situación actual del mercado inmobiliario hace necesaria la aplicación de medidas urgentes para garantizar el acceso a la vivienda. Además del recurso judicial, el consistorio ha solicitado la convocatoria de nuevas ayudas para la ampliación del parque público de viviendas en alquiler, con el objetivo de ofrecer alternativas asequibles a los vecinos del municipio.
El caso de Rivas podría convertirse en un precedente clave en la aplicación de la Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid y en el resto del país. Si los tribunales dan la razón al Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid podría verse obligada a aplicar la normativa estatal y declarar zonas tensionadas en aquellos municipios que cumplan con los requisitos. Mientras tanto, cientos de familias en Rivas continúan enfrentándose a dificultades para acceder a un alquiler asequible en un mercado cada vez más inaccesible.
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