La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha lanzado una acusación contundente contra Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y exlíder de la Xunta de Galicia. Según Pontón, Feijóo habría facilitado un sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, beneficiando a una serie de empresas estrechamente vinculadas a figuras destacadas del Partido Popular.
En una rueda de prensa ofrecida este lunes en Vigo, Pontón detalló que entre las beneficiarias de este supuesto sobrecoste se encuentran Puentes y Calzadas, compañía con participación del exconselleiro Tomás Pérez Vidal, y Bankia, durante la presidencia de Rodrigo Rato. También mencionó a la consultora Pricewaterhouse Coopers, relacionada con el exministro de Economía Luis de Guindos. Todos ellos, según Pontón, habrían encontrado en el proyecto del hospital una oportunidad de negocio facilitada por la gestión del entonces presidente de la Xunta.
El hospital Álvaro Cunqueiro fue originalmente proyectado bajo un modelo público por el gobierno bipartito del PSdeG y el BNG. Sin embargo, con la llegada de Feijóo en 2009, se adoptó un modelo de colaboración público-privada. Esta fórmula, según un informe del Consello de Contas de Galicia, generó un sobrecoste significativo, un 40% más de lo que habría costado el proyecto inicial. Este cambio, acusó Pontón, convirtió al hospital en un “banco de pruebas para la privatización de la sanidad pública”, en beneficio de empresas con “claros vínculos con el PP”.
Privatización y recortes: el modelo Feijóo
El discurso de Pontón fue claro al señalar que la gestión de Feijóo no buscó mejorar la sanidad pública en Vigo, sino más bien favorecer el negocio privado. “El objetivo del PP nunca fue ofrecer a Vigo la mejor sanidad pública posible, sino facilitar el negocio a las empresas privadas vinculadas al partido”, afirmó.
La líder del BNG también criticó las reducciones en el proyecto final del hospital, que incluyeron la eliminación de pabellones de investigación y docencia, así como una disminución significativa en el número de camas, quirófanos y salas de radiología. Estos recortes fueron implementados por Efficientia Clinical, empresa contratada por la Consellería de Sanidade y financiada por la concesionaria, con un enfoque que, según Pontón, priorizó los intereses empresariales sobre las necesidades sanitarias de la región.
“Enormes irregularidades” y falta de garantías
Pontón subrayó que la concesionaria del hospital carecía de la “solvencia financiera” necesaria para afrontar un proyecto de tal envergadura. A pesar de ello, el gobierno de Feijóo, en lugar de exigir garantías, gestionó un crédito del Banco Europeo de Inversiones asumiendo todo el riesgo por parte de la Xunta. La portavoz del BNG denunció que la Xunta no reclamó una rebaja del precio del proyecto a pesar de que los recortes redujeron significativamente su dimensión.
“Pagamos 470 millones de euros más simplemente porque Feijóo quiso favorecer a grandes constructoras con claros vínculos con el PP”, sentenció Pontón. Además, destacó que esta decisión respondía a una ideología neoliberal que buscaba convertir los servicios públicos en oportunidades de negocio para las multinacionales, una estrategia que, según ella, no era la única opción ni la más beneficiosa para los gallegos y gallegas.
Un conflicto que sigue latente
Las declaraciones de Ana Pontón reavivan el debate sobre la privatización de servicios públicos en Galicia y abren una nueva etapa de críticas hacia la gestión de Feijóo en la Xunta. Desde el BNG se insiste en que las investigaciones parlamentarias han demostrado las irregularidades y la falta de justificación en las decisiones que llevaron al sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro.
El Partido Popular, por su parte, ha defendido en múltiples ocasiones la viabilidad y necesidad de los modelos de colaboración público-privada para la modernización de las infraestructuras sanitarias. Sin embargo, las acusaciones del BNG podrían seguir alimentando un debate que tiene profundas implicaciones políticas y sociales en Galicia.
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