El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha vuelto a evaluar el grado de cumplimiento de la ley de transparencia por parte de los partidos políticos, y el resultado es un recital de incumplimientos. Parece que cuando se trata de rendir cuentas, nuestros partidos prefieren quedarse en la sombra. La ley de transparencia, que exige publicar desde los presupuestos hasta los salarios de los altos cargos, sigue siendo un obstáculo que los partidos no logran superar.
¿El promedio de cumplimiento? Un mísero 44,3%. Sí, ni siquiera llegan al 50% necesario para aprobar. ¿Y quiénes son los más “destacados”? PSOE y Podemos, que se las han ingeniado para raspar un aprobado con un 57,8% y un 58,4%, respectivamente. El resto, PP, Vox, Sumar e Izquierda Unida, se han llevado un suspenso rotundo, con Vox e IU compitiendo por el último puesto con un paupérrimo 33,7% y 32,7%.
¿Transparencia? Mejor, opacidad. Los partidos se han olvidado de publicar información tan básica como las subvenciones que reciben o los sueldos de sus dirigentes. Parece que dar a conocer los números reales no está en sus prioridades. Izquierda Unida, por ejemplo, no publica ni las cuentas anuales ni las retribuciones de sus dirigentes, mientras que Vox sigue la misma línea, omitiendo hasta el perfil de sus altos cargos.
El colmo: todos ocultan los salarios. Ninguno de los seis partidos con representación en el Congreso informa sobre las retribuciones que cobran sus dirigentes. Esta falta de transparencia fue el detonante para que el CTBG se lanzara a evaluar a los partidos en 2024, tras las denuncias sobre el sobresueldo de Alberto Núñez Feijóo. Y, por supuesto, el Consejo ha confirmado lo que todos sospechábamos: los sueldos siguen en la sombra.
La ocultación de información no se queda solo en lo económico. En cuanto a los organigramas y perfiles de los dirigentes, los partidos también fallan estrepitosamente. Sorprende que, a pesar de los anteriores avisos del Consejo en 2018, la mayoría de los partidos aún no publiquen estos datos.
¿Y qué hay de la actualización y accesibilidad? En estos apartados, los partidos obtienen puntuaciones aún más desastrosas. La categoría de actualización tiene una media de cumplimiento del 20,45%. Es decir, no solo no publican toda la información requerida, sino que lo poco que publican está desactualizado o en formatos que no facilitan su reutilización.
Podemos, el único que contestó. En este proceso de evaluación, el Consejo de Transparencia envió informes provisionales a los partidos para que pudieran hacer observaciones. De los seis, solo Podemos respondió, dejando al resto como ejemplo perfecto de indiferencia institucional.
Mientras tanto, la Administración General del Estado (AGE) ha logrado un 85,6% en el cumplimiento de la ley de transparencia. Un contraste evidente que deja a los partidos políticos en una posición bastante incómoda.
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