Un año después de la aprobación de la Ley de Amnistía, el Tribunal Constitucional comienza a mover ficha. La primera ponencia de sentencia, elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, avala la constitucionalidad del grueso de la norma, dejando en pie su estructura central. Sin embargo, el tribunal no se pronuncia aún sobre el delito de malversación, un punto crucial que afecta directamente al expresident Carles Puigdemont y que puede marcar la verdadera eficacia de la ley.
Este primer texto jurídico, que será debatido por los diez magistrados del Constitucional a partir del 10 de junio, resuelve el recurso presentado por el Partido Popular. Un recurso amplio y agresivo que, aunque ha conseguido que se estimen parcialmente tres aspectos menores del texto legal, no logra que el TC tumbe la ley en su conjunto. La ponencia considera que la amnistía es constitucional en sus aspectos esenciales, lo que representa un espaldarazo jurídico para el Gobierno y sus socios parlamentarios, que impulsaron la norma como condición para formar gobierno tras las elecciones de 2023.
Lo relevante es que este recurso no entra en los casos individuales. Es decir, no resolverá si Puigdemont, Junqueras o los demás líderes del procés pueden o no beneficiarse de la amnistía, especialmente en relación al delito de malversación. Esa decisión quedará en manos de los tribunales ordinarios que instruyen las causas. El TC se limita, en esta etapa, a sentar las bases de la constitucionalidad o no de la ley, sin bajar al detalle de su aplicación concreta.
La deliberación sobre esta ponencia se celebrará en pleno a partir del 10 de junio, y se prevé que se alargue hasta al menos el día 26. A partir de ahí, se espera una sentencia que servirá de guía para el resto de los recursos —más de treinta en total— que el alto tribunal tiene sobre la mesa. Entre ellos, 16 de comunidades autónomas, seis cuestiones de inconstitucionalidad y nueve solicitudes de amparo.
El del PP ha sido considerado el “recurso de cabecera” por el contenido y el volumen de objeciones presentadas, a pesar de que fue registrado después de otros, como el del Tribunal Supremo. La estrategia del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha sido clara: frenar la ley por la vía judicial tras no poder impedir su aprobación en el Congreso, utilizando al Constitucional como campo de batalla político-legal.
Este giro en el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, llega en un momento de extrema polarización, con la amnistía en el centro de la pugna política y con la derecha y la extrema derecha intensificando su ofensiva contra el Ejecutivo. La decisión del TC puede suponer un punto de inflexión, ya que si el alto tribunal respalda plenamente la constitucionalidad de la ley, la posición del Gobierno se verá reforzada ante sus socios y ante Bruselas.
Pero el hecho de que la ponencia eluda pronunciarse sobre la malversación mantiene la incertidumbre jurídica para Puigdemont y otros implicados. Sin una decisión clara sobre ese punto, la puerta sigue abierta a interpretaciones restrictivas por parte de los jueces del Supremo, lo que puede retrasar la aplicación efectiva de la amnistía a los principales protagonistas del procés.
Un año después de su aprobación, la ley de amnistía sigue atrapada entre el tablero judicial y el pulso político. Y aunque la ponencia del Constitucional es un paso firme para su validación, los casos clave continúan en el aire, esperando a que la justicia española termine de pronunciarse… o a que Europa diga la última palabra.
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