Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha comparecido este miércoles ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado como investigado en un caso de presunta revelación de secretos. La investigación se centra en la filtración de un correo relacionado con el caso de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es la primera vez que un fiscal general del Estado declara como investigado ante un tribunal. García Ortiz afronta esta situación mientras continúa al frente del Ministerio Público, tras la ratificación de su nombramiento este martes por parte del Tribunal Supremo, que desestimó un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Durante su comparecencia, ha negado cualquier implicación en la filtración y ha asegurado que su única actuación fue ordenar un comunicado para desmentir una noticia falsa publicada por El Mundo.
La investigación se centra en un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por el fiscal Julián Salto al abogado de González Amador. En dicho mensaje, el letrado admitía que su cliente había cometido “dos delitos contra la Hacienda Pública” en los ejercicios de 2020 y 2021. Según el juez Hurtado, la filtración de este correo a la prensa se realizó “sin autorización” y causó un “daño reputacional” al empresario al presentarlo como un “defraudador confeso, sin serlo”.
La Unidad Central Operativa sostiene que García Ortiz desempeñó un papel “preeminente” en los hechos, dirigiendo las acciones que llevaron a la filtración y aprovechando su posición de autoridad sobre otros fiscales. Sin embargo, tanto él como Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y también investigada en el caso, han rechazado cualquier implicación en la divulgación del correo.
La Abogacía del Estado ha criticado la línea de investigación del juez Ángel Hurtado, argumentando que se han ignorado pruebas que apuntarían a la falta de fundamento para las acusaciones. Según el escrito presentado, la instrucción ha “desdeñado múltiples contraindicios” que podrían ofrecer “una explicación alternativa y razonable” de los hechos.
Por su parte, el Gobierno ha mostrado su apoyo a García Ortiz, considerando que la imputación carece de base. En este contexto, el caso ha generado tensiones dentro del ámbito judicial y político, incrementando la expectación sobre las explicaciones que el fiscal general pueda ofrecer sobre los hechos ocurridos entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía emitió un comunicado bajo su orden para desmentir la información publicada por El Mundo.
El interrogatorio, programado para las 10:00 horas, podría extenderse durante varias horas, a menos que García Ortiz opte por acogerse a su derecho a no declarar. Mientras tanto, las investigaciones continúan enfocándose en las circunstancias que rodearon la filtración del correo y su impacto en la reputación de Alberto González Amador. La comparecencia de García Ortiz marca un hecho sin precedentes y pone de relieve las tensiones entre el poder judicial y el ámbito político en la gestión de información sensible.
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