La Audiencia Nacional ha fallado a favor del fiscal Ignacio Stampa, reconociendo que la cúpula de la Fiscalía prolongó deliberadamente una investigación en su contra con el fin de perjudicarle. El caso pone en entredicho la gestión de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, quienes, según el tribunal, maniobraron para apartarlo del caso Villarejo.
Stampa llevaba años investigando al comisario José Manuel Villarejo cuando, en 2020, su carrera se truncó repentinamente. Una denuncia basada en un bulo lo dejó fuera de la Fiscalía Anticorrupción en una jugada que ahora la Justicia considera una maniobra ilegal. La acusación partió de Vox y sostenía que el fiscal había filtrado información a la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, con quien supuestamente mantenía una relación sentimental. Sin embargo, la investigación concluyó que no había pruebas de dicha relación ni de la filtración.
El problema es que el archivo de la causa se ocultó a los miembros del Consejo Fiscal, lo que dejó a Stampa sin opciones para conseguir una plaza fija en Anticorrupción. Según la sentencia, la Fiscalía General del Estado, en aquel momento dirigida por Dolores Delgado, alargó de manera intencionada la investigación contra Stampa para mantener su imagen manchada y apartarlo del caso.
Stampa denuncia que detrás de esta maniobra se esconden intereses personales y vínculos incómodos. La pareja de Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, es abogado de Enrique García Castaño, uno de los comisarios investigados en la macrocausa de Villarejo. La conexión entre la Fiscalía y los imputados en el caso generó sospechas desde el inicio del proceso. “Desde el momento en que vimos que el bufete de Garzón representaba a algunos de los implicados, supimos que íbamos a tener problemas”, afirma Stampa.
La Audiencia Nacional ha reconocido que la investigación en su contra se prolongó de manera ilegal y ha ordenado indemnizarlo con 4.000 euros por el daño moral sufrido. Sin embargo, Stampa considera que la sentencia se queda corta y está valorando recurrir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la gravedad del caso. “No solo me apartaron de mi trabajo y dañaron mi reputación, sino que intentaron forzarme a volver a Canarias, sin importarles el impacto en mi vida personal”, denuncia el fiscal.
Este fallo supone un duro golpe para la Fiscalía y deja en evidencia la utilización de maniobras internas para controlar quién investiga qué y a quién. Queda por ver si esta sentencia tendrá consecuencias más profundas o si, como en otros casos, se intentará tapar el escándalo.
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