El Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha comenzado a implementar su polémica política migratoria con el envío de un primer vuelo de migrantes detenidos hacia el centro de detención de la Base Militar de Guantánamo, en Cuba. Esta medida, anunciada por el mandatario el pasado 4 de febrero, responde a la creciente presión sobre la inmigración ilegal en el país.
El vuelo, que partió desde la Base Militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, transportaba a diez migrantes arrestados en territorio estadounidense. Aunque la nacionalidad de los detenidos no ha sido revelada, se ha confirmado que todos ellos cuentan con antecedentes criminales. La acción, que se enmarca dentro de la lucha de la administración Trump contra los más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país, fue presentada como una respuesta enérgica para proteger al país de lo que el presidente ha denominado como “criminales ilegales”.
Trump, en declaraciones a Fox News, aseguró que Estados Unidos no permitirá que se convierta en un “vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo”. Para respaldar esta política, el presidente ha ordenado la ampliación de la capacidad de detención en la Base Militar de Guantánamo, con el objetivo de albergar hasta a 30.000 personas, y el Pentágono ha desplegado más de 150 militares para llevar a cabo esta tarea.
Sin embargo, la medida ha generado una gran controversia. Según la legislación estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es considerado un crimen, sino una infracción civil. Solo cruzar la frontera sin inspección o intentar ingresar nuevamente al país tras haber sido deportado es tipificado como delito penal, y este último es el que podría llevar a la detención. En este sentido, algunos expertos señalan que la declaración de Trump, que ha asociado a los migrantes indocumentados con “criminales”, no se ajusta a la realidad de la legislación vigente.
En este contexto, se abre el debate sobre la efectividad y la justicia de esta política migratoria, que, según estudios como el de la Universidad de Stanford, no cuenta con fundamentos sólidos que respalden la idea de que los migrantes son más propensos a cometer crímenes que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
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