El Gobierno quiere romper el elitismo de la carrera judicial, y lo hace poniendo sobre la mesa más dinero. Este martes, el Consejo de Ministros aprueba una nueva convocatoria de las becas SERÉ, cuyo objetivo es facilitar el acceso a los altos cuerpos de la Justicia —jueces, fiscales, letrados/as y abogados/as del Estado— a personas con rentas bajas.
La novedad: este año se duplica el presupuesto, pasando de 8 a 15,6 millones de euros, con los que se otorgarán 1.300 becas, frente a las 983 del año pasado. Cada ayuda puede alcanzar los 12.000 euros anuales durante cuatro años.
Esta medida busca garantizar que el acceso a las oposiciones más exigentes no dependa del bolsillo, sino del mérito, según ha defendido el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.
La convocatoria establece un sistema de concurrencia competitiva para adjudicar las becas, que estarán disponibles desde el mes siguiente a su concesión. Además, los beneficiarios podrán optar a un programa de preparación personalizada, con tutores jueces o fiscales activos. En este caso, el dinero se divide en dos partes: 8.400 euros en ayuda directa y 3.600 para preparación especializada.
En 2024, Andalucía concentró el 26% de las becas, seguida del País Valencià (13%). El 90% de los beneficiarios tenía entre 21 y 33 años. De los 983 seleccionados, 791 fueron mujeres frente a 192 hombres, lo que refuerza el impacto de estas ayudas en la reducción de la brecha de género en la élite judicial.
La medida se enmarca dentro del Proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé blindar por ley las becas SERÉ y garantizar que su cuantía no sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La intención está clara: derribar la barrera económica que ha hecho de la toga una prenda heredada. La duda: ¿basta con más becas para garantizar un sistema judicial realmente plural?
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