El Consejo de Ministros ha aprobado la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la decisión de la Comunidad de Madrid de no reconocer la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha explicado que esta medida se toma tras la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a dialogar sobre la cuestión con el Ministerio de Política Territorial.
La Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol y actual sede del Gobierno regional, fue un espacio clave en la represión franquista, ya que albergó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura. El Ejecutivo central considera que su reconocimiento como Lugar de Memoria es una obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, y ha decidido recurrir ante el Constitucional la decisión de Ayuso de no otorgarle esa designación.
Por su parte, la presidenta madrileña ha calificado la medida como un acto “sectario e innecesario” y ha acusado al Gobierno de intentar imponer su visión de la historia. Según Ayuso, este edificio es un símbolo de la Comunidad de Madrid y de celebraciones como las campanadas de fin de año, por lo que rechaza que su uso institucional se vea condicionado por su pasado franquista.
Desde Moncloa han defendido que la declaración de Lugares de Memoria no interfiere en el uso de los edificios y que, por el contrario, busca garantizar el reconocimiento de las víctimas de la dictadura. El choque entre ambas administraciones ahora se traslada al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver si la negativa de la Comunidad de Madrid vulnera la normativa estatal.
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