El Gobierno ha decidido desempolvar su mejor truco político para estas fechas: el tiempo. Ante el abismo político que supone convencer a Junts y PNV de respaldar el impuesto a las energéticas, el Consejo de Ministros aprobará, antes de que acabe el año, un decreto ley que prorrogará el gravamen hasta nuevo aviso. La estrategia busca garantizar que el impuesto siga vigente a partir del 1 de enero, mientras en los pasillos del Congreso se libra una batalla política más compleja que montar un mueble de IKEA sin manual de instrucciones.
Este movimiento llega tras semanas de reuniones infructuosas. Mientras ERC, EH Bildu, BNG y Sumar se alinean con el PSOE, Junts y PNV no han mostrado ningún interés en sumarse al club del gravamen energético. Tanto es así, que Podemos, con su habitual toque de dramatismo, decidió no asistir a la última reunión del bloque progresista, afirmando que “sin los representantes de las energéticas en el Congreso, no tiene sentido hablar del impuesto”. Una indirecta que llegó más directa que el recibo de la luz.
El decreto ley es, en esencia, un parche temporal. Los Reales Decretos-Ley deben ser convalidados en el Congreso en un plazo máximo de un mes, lo que significa que el Ejecutivo necesitará, sí o sí, el respaldo de Junts y PNV si quiere que el gravamen sobreviva a enero. Sin embargo, desde el PNV ya han dejado claro que el impuesto les entusiasma tanto como una nevada en plena operación salida. Fuentes del partido han señalado que no hay posibilidades de apoyo, mientras Junts mantiene un elegante silencio que no augura nada bueno.
En un intento por atraer apoyos, el Gobierno ha introducido en el texto del decreto bonificaciones para proyectos que apuesten por energías renovables. Con esta cláusula “verde”, los aliados esperan suavizar las posturas de Junts y PNV y salvar la coalición de izquierdas, aunque las tensiones internas persisten. De hecho, Podemos había pactado un escenario mucho más ambicioso: un impuesto permanente negociado directamente con las formaciones más reticentes. Pero, por ahora, ese plan parece tan lejano como un año sin elecciones.
Por si el caos no fuera suficiente, el PP también ha decidido jugar sus cartas. Los populares han presentado enmiendas al paquete fiscal que incluyen bonificaciones a bancos “que generen buenas condiciones financieras para las nuevas generaciones” y, la joya de la corona, una propuesta para derogar explícitamente el impuesto a las energéticas. Si Junts o PNV deciden apoyar estas enmiendas, la ley podría descafeinarse hasta quedar irreconocible.
Mientras tanto, en Hacienda, el ambiente es de resignación. Fuentes del ministerio han reconocido que, aunque técnicamente podrían aprobar un nuevo decreto para cumplir con sus socios, el desgaste político sería notable. El comunicado conjunto emitido por ERC, EH Bildu y BNG mantiene cierto optimismo, pero deja claro que el éxito de esta maniobra está lejos de estar garantizado.
Con todo, el futuro del gravamen se antoja incierto. Entre reuniones fallidas, aliados divididos y oposición activa, el impuesto a las energéticas se ha convertido en el campo de batalla político de fin de año. Y aunque el Gobierno ha ganado algo de tiempo, la partida sigue abierta, con todos los jugadores esperando a que alguien tire la primera carta ganadora.
Cargando...
