El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que lleva la instrucción de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado una resolución este martes con el objetivo de evitar nuevas filtraciones de información sensible. En un auto, Hurtado ha establecido que, a partir de ahora, los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) no serán entregados a las partes involucradas, sino que deberán ser consultados presencialmente en la Secretaría del tribunal.
Esta medida llega tras las quejas de García Ortiz, quien en semanas anteriores denunció al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de datos personales y registros de llamadas que, según él, no estaban relacionados con la causa. En concreto, el fiscal general se quejó de la vulneración de la normativa de protección de datos, ya que, en su opinión, los informes de la UCO que fueron enviados a las partes implicadas no solo contenían información sobre la causa que se sigue contra él, sino que también incluyeron datos ajenos a la investigación.
García Ortiz está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de información sobre la investigación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por un caso de fraude fiscal. La causa, que ha desatado una gran atención mediática, ha puesto en entredicho la seguridad de las investigaciones en las que García Ortiz está involucrado.
Antes de resolver la queja presentada por García Ortiz, el juez Hurtado también se ha pronunciado sobre el borrado de pruebas por parte del fiscal general. En su auto, Hurtado destaca que es una “evidencia” que García Ortiz haya hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus móviles. A pesar de que el juez reconoce que la desaparición de pruebas no tiene relevancia penal per se, también señala que, de haber existido un grado de colaboración por parte del fiscal, él podría haber comunicado el borrado antes de llevar a cabo la acción el 16 de octubre, fecha en la que se abrió la causa en el Supremo contra García Ortiz.
Según un informe de la UCO, el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp en dos ocasiones, una de ellas el mismo día en que se inició la investigación. Además, se reveló que su cuenta de correo personal, donde llegaron los correos relevantes para la investigación, ha sido eliminada recientemente, aunque aún existe la posibilidad de que se pueda recuperar parte de esa información.
Esta situación ha generado gran controversia y ha puesto bajo la lupa la actuación de los fiscales y la gestión de los datos durante las investigaciones de alto perfil. A medida que avanza el juicio, la forma en que se maneja la información y las pruebas podría ser determinante en el desenlace de esta causa, que podría tener repercusiones políticas y judiciales a nivel nacional.
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