El magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha dado un nuevo giro al proceso al imputar por malversación de caudales públicos a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid. La decisión se produce tras admitir a trámite una querella interpuesta por Vox, centrada en la contratación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, cuando Martín Aguirre ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno en 2021.
El juez ha citado a Martín Aguirre a declarar en calidad de investigado el próximo 14 de mayo a las 13:30 horas, según consta en la diligencia judicial. En el mismo auto, el magistrado rechaza la querella contra Begoña Gómez y su asesora, al no hallar indicios suficientes de participación directa en los hechos que se investigan.
La querella de Vox alega que Cristina Álvarez, contratada como asesora, habría ejercido funciones más allá de sus competencias formales, prestando apoyo a Begoña Gómez en actividades “desvinculadas de su condición de esposa del presidente del Gobierno”, lo que para la formación de ultraderecha supondría un uso irregular de recursos públicos.
El juez Peinado precisa que el concepto penal de “caudales públicos” va más allá del dinero en metálico, englobando otros recursos y servicios. Y si bien ve indicios de posible malversación en el uso de recursos para la función de Cristina Álvarez, considera que ni Gómez ni la asesora tienen responsabilidad penal directa, ya que esta última se habría limitado a cumplir sus funciones y percibir su salario.
En este contexto, ya son seis las personas investigadas en esta causa, que acumula delitos como malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. No obstante, el foco judicial ahora se desplaza hacia Martín Aguirre, al que se atribuye responsabilidad jerárquica directa en el nombramiento y funciones de la asesora.
Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido la honorabilidad de los afectados y ha cargado contra el uso político del proceso judicial: “Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país”, declaró en el Senado.
Este nuevo episodio suma presión sobre un proceso que ha despertado un alto interés mediático y político, y que avanza con acusaciones que tensan aún más la relación entre el poder judicial y el Gobierno.
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