El Gobierno ha desvelado un plan que promete cambiar el panorama de la vivienda: una empresa pública que aprovechará “todas las capacidades” de la Administración para ofrecer al problema habitacional. Aunque suena bien en teoría, los escépticos ya se preguntan si esto es otro castillo en el aire que acabará engullido por la burocracia.
Mientras tanto, el mercado privado observa con una mezcla de curiosidad y desdén, anticipando otro intento fallido de intervenir en su dominio. Por supuesto, la idea de “capacidad” en este contexto es ambigua: ¿se refieren a la capacidad de diseñar PowerPoints oa construir viviendas reales? La experiencia sugiere lo primero.
Por su parte, los partidos de oposición están afilando cuchillos, asegurando que esta iniciativa, lejos de arreglar algo, “perjudicará la economía”. Aunque, claro, lo dicen desde cómodos despachos y sin alternativas claras más allá de las ya conocidas: dejarlo todo en manos del mercado, ese ente mágico que “arregla todo solo”.
En las calles, los ciudadanos no se ilusionan demasiado. Algunos dicen que el anuncio es como un Black Friday del populismo: todo parece más barato, pero al final nadie puede comprar nada. Otros prefieren tomárselo con humor: “Bueno, si construyen casas como hacen aeropuertos en pueblos sin aviones, tendremos más selfies que alquileres”.
En resumen, este nuevo proyecto es una mezcla de promesas, esperanzas y mucho escepticismo. La verdadera pregunta no es si funcionará, sino cuánto durará antes de quedar relegado a la lista de iniciativas olvidadas. Pero, mientras tanto, ¡que no falte el espectáculo!
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