La política española no defrauda cuando de dramas rocambolescos se trata. En esta ocasión, el centro del guion es un elegante palacete en París, un decreto ómnibus, el PNV y el PP, todo envuelto en un debate digno de una novela de intrigas históricas.
La historia comienza con el PP rechazando, junto a Vox y Junts, el famoso decreto que incluía medidas tan triviales como la subida de las pensiones o las ayudas a los afectados por la DANA. Pero lo que realmente indignó a los populares fue que el decreto también contemplaba la devolución de un palacete parisino al PNV. Porque claro, si algo afecta directamente al día a día de los españoles, eso es un inmueble en Francia.
El PP, tirando de su arsenal retórico, tachó la devolución de “cesión inaceptable” al PNV. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, fue un paso más allá y les colgó el cariñoso calificativo de “aprovechateguis”. Eso sí, parece que nadie le pasó un resumen de la historia del inmueble antes de salir a escena.
Para quien necesite contexto, aquí va la versión exprés: el palacete fue comprado en 1936 por militantes del PNV y, poco después, se convirtió en la sede del Gobierno vasco en el exilio. Sin embargo, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, el inmueble fue confiscado por el régimen de ocupación y posteriormente transferido a la dictadura franquista. Un traspaso poco ortodoxo, por decirlo suavemente.
Ante el revuelo, el exdiputado del PNV, Iñaki Anasagasti, salió a escena para ofrecer una improvisada clase de historia en el programa Todo es mentira. Allí explicó cómo el palacete fue reclamado durante décadas por el PNV sin que el Estado moviera un dedo. Incluso recordó que en 1996, en plena negociación para la investidura de José María Aznar, la devolución de este inmueble ya estaba sobre la mesa. Al parecer, es un debate con solera.
En un momento brillante de su intervención, Anasagasti soltó una frase que dejó atónitos a propios y extraños: “Si están defendiendo a los ocupantes de entonces, tienen razón”. Un comentario que, sin necesidad de nombrar explícitamente a nadie, lanzó una indirecta bastante directa al PP.
Por su parte, los populares siguen aferrados al argumento de que el palacete es la actual sede del Instituto Cervantes en París y, por lo tanto, forma parte del patrimonio del Estado. Eso sí, convenientemente omiten cómo llegó el edificio a manos del Estado en primer lugar.
Y así seguimos, debatiendo sobre un palacete que parece haberse convertido en la estrella del decreto. Porque, claro, nada mejor que un inmueble histórico en París para desviar la atención de las medidas sociales que afectan a millones de españoles.
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