La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha enviado una carta al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, en la que solicita que la Comisión Europea estudie la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que su continuidad en el cargo podría representar una “desviación del Estado de Derecho en España”.
En la misiva, Montserrat sostiene que la permanencia de García Ortiz, pese a su imputación, compromete la percepción de independencia del Ministerio Fiscal y afecta directamente la confianza de la sociedad en el sistema judicial. La eurodiputada denuncia, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría “protegiendo” al fiscal general y atacando de manera sistemática la labor de los jueces.
“Pero aún más grave, comisario, no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces”, se lee en la carta remitida a Bruselas.
Nueva ofensiva del PP en Europa
Esta no es la primera vez que el PP eleva su preocupación a las instituciones europeas. Ya en diciembre, el partido solicitó la intervención de la Comisión Europea en este asunto, alegando que la independencia judicial en España estaba en peligro. Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión no ha respondido a sus peticiones ni ha tomado medidas al respecto.
Pese a la falta de respuesta, el PP insiste en que la situación de García Ortiz debe ser examinada a fondo y que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de actuar para garantizar el respeto a los principios democráticos y judiciales en España. Montserrat recalca en su carta que “la desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos es constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones”.
El Tribunal Supremo también está analizando el papel de García Ortiz, y recientemente ha solicitado los dispositivos móviles que el fiscal general haya podido entregar desde marzo. Mientras tanto, desde el Gobierno defienden la actuación de García Ortiz y critican el intento del PP de judicializar la política y utilizar las instituciones europeas con fines partidistas.
Por ahora, la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre la nueva solicitud del Partido Popular, aunque la formación conservadora confía en que su insistencia provoque una reacción por parte de Bruselas.
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