Si hay algo que se ha convertido en una auténtica tradición en la política española es la capacidad del Partido Popular para indignarse ante cualquier medida gubernamental, incluso cuando esas medidas buscan resolver problemas que ellos mismos han ignorado durante años. En esta ocasión, el motivo de su furia es el decreto aprobado por el Gobierno para reubicar a los menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias en los últimos meses. Un problema que, evidentemente, no se va a solucionar por arte de magia ni desaparece solo con declaraciones grandilocuentes sobre el peligro de la inmigración, pero que el PP ha decidido afrontar con su estrategia habitual: gritar mucho, amenazar con recurrirlo todo y, si es necesario, echarle la culpa a Pedro Sánchez de cualquier fenómeno natural, desde la lluvia hasta la alineación de los planetas.
La cuestión es sencilla: hay comunidades como Canarias que han recibido un número desproporcionado de menores migrantes y es lógico buscar un reparto equilibrado entre todas las autonomías para que la carga sea compartida. Para ello, el Gobierno ha pactado con Junts un sistema de distribución basado en criterios objetivos como la población de cada comunidad, su renta per cápita, su tasa de paro o el esfuerzo previo en acogida. Nada especialmente revolucionario ni radical. Más bien, una solución bastante sensata dentro de lo que cabe en un tema tan complicado. Pero en cuanto han escuchado la palabra “reparto”, en el PP han entrado en pánico, han activado la alerta roja y han empezado a repetir su mantra favorito: “Sánchez nos impone su ideología”. Porque, claro, ayudar a menores migrantes no es una cuestión de derechos humanos ni de solidaridad, sino otra maquiavélica maniobra del presidente para arruinar la vida de los españoles de bien.
El problema principal, más allá de los aspavientos del PP, es que sus dirigentes llevan meses jugando a un peligroso juego de malabares con Vox. En comunidades como la Comunidad Valenciana o Murcia, donde dependen del apoyo de la ultraderecha para gobernar, han asumido gran parte de su discurso antimigración y han prometido que no acogerán a más inmigrantes. De hecho, Carlos Mazón, presidente valenciano, llegó a declarar que buscaría “fórmulas” para expulsar a los menores que ya están en su territorio. Así, sin rodeos, como si se tratara de paquetes extraviados en una oficina de correos. El problema es que, con este nuevo decreto, esas promesas populistas han chocado de frente contra la legalidad.
Porque, pese a todas sus quejas, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ya ha dejado claro que ninguna comunidad gobernada por su partido va a incumplir la ley. Y aquí es donde viene el dilema: si el PP se pliega al decreto del Gobierno y acepta el reparto de menores migrantes, corre el riesgo de que Vox les acuse de traidores y empiece a dinamitar los gobiernos autonómicos que han formado juntos. Pero si deciden desobedecer la norma, estarán entrando en un terreno peligroso en el que no solo se arriesgan a problemas legales, sino que también demostrarían que su retórica de “cumplir la ley” es completamente flexible en función de sus intereses políticos.
Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido coger su fusil dialéctico y declararle la guerra al decreto. Su reacción ha sido tan previsible como un guion de película de sobremesa: ha anunciado que llevará la medida a los tribunales e incluso a la Unión Europea. Que la presidenta madrileña no haya mostrado jamás el menor interés en la situación de estos menores migrantes no parece ser un problema. Tampoco le ha parecido relevante que el sistema de reparto sea, en el fondo, una medida que busca aliviar la situación de otras comunidades que han asumido el peso de la acogida durante años. Lo importante aquí es montar un buen espectáculo, presentarse como la gran heroína que lucha contra el Gobierno y asegurarse de que nadie la vincula con un gesto mínimo de solidaridad, no vaya a ser que pierda puntos entre su electorado más radical.
El argumento estrella del PP para rechazar el decreto es que “el Gobierno impone la reubicación sin ofrecer medios ni financiación”. Un relato que se desmorona con bastante facilidad si se tiene en cuenta que el Ministerio de Juventud e Infancia ya ha previsto un fondo extraordinario de 100 millones de euros para garantizar que las comunidades tengan los recursos necesarios para la acogida. Pero, por supuesto, admitir eso significaría desmontar su propio discurso, y nadie en el PP parece dispuesto a semejante herejía.
En medio de todo este caos, los menores migrantes se han convertido en meros peones de una batalla política donde lo último que importa es su bienestar. Para el Gobierno, el decreto es una solución pragmática a un problema real. Para el PP, es la excusa perfecta para seguir alimentando su retórica contra Sánchez. Para Vox, es otra oportunidad para seguir presionando a los populares y marcar su agenda. Y para Ayuso, como siempre, es un nuevo capítulo en su eterna cruzada por convertirse en la líder de la oposición, aunque tenga que llevar sus causas hasta la estratosfera.
Mientras los políticos juegan sus partidas, los menores migrantes siguen esperando respuestas reales. Pero en este tablero de ajedrez, donde unos creen que están en una partida de parchís, los más vulnerables siempre terminan siendo sacrificados.
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