El Tribunal Supremo revisará este martes los recursos interpuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado de autorizar la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La investigación se enmarca dentro de la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un caso que ha generado un fuerte debate jurídico y político en el país.
Deliberación del Supremo y posibles consecuencias
Según fuentes jurídicas, tres magistrados de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo −Julián Sánchez, Andrés Palomo y Eduardo de Porres− analizarán la legalidad del procedimiento llevado a cabo por el juez instructor y decidirán si las pruebas obtenidas en los registros pueden ser consideradas válidas. En el centro del debate está la posible vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz y otros fiscales, dado que la mayor parte de los indicios en la investigación provienen del material incautado durante los registros.
Si la Sala estima las pretensiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la investigación podría quedar gravemente comprometida, ya que las pruebas clave habrían sido obtenidas de forma que la defensa considera ilegal.
Incautación de dispositivos y acceso a comunicaciones
El registro del despacho del fiscal general, realizado el pasado 30 de octubre, duró más de diez horas, desde las 12:30 hasta las 23:00. Como resultado, la Guardia Civil incautó el contenido completo de sus dos teléfonos móviles (tanto el personal como el oficial), un ordenador portátil, un ordenador de sobremesa, una tableta y múltiples dispositivos de almacenamiento USB.
A pesar de la magnitud de la operación, un primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó que no se encontraron mensajes relevantes en los dispositivos de García Ortiz. En respuesta, el fiscal general explicó que, siguiendo protocolos de seguridad y protección de datos, cambia regularmente de teléfono móvil y borra conversaciones y mensajes sensibles.
No obstante, la investigación se reorientó hacia la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, cuyo teléfono sí contenía mensajes de WhatsApp que la UCO consideró relevantes para el caso, incluyendo conversaciones con García Ortiz que no aparecían en los dispositivos del fiscal general.
Ante la falta de registros digitales directos en los dispositivos incautados, el magistrado instructor ha solicitado la colaboración de empresas como Google y WhatsApp para intentar recuperar conversaciones que podrían ser clave en la investigación.
La Fiscalía defiende la nulidad de los registros
Desde el inicio del caso, la Fiscalía ha mantenido que la entrada y registro en los despachos de los fiscales fueron medidas desproporcionadas y carentes de motivación jurídica suficiente. En su recurso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha argumentado que la orden judicial que permitió estos registros “no contiene razonamiento alguno que justifique la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”.
Según el recurso, el abogado de González Amador únicamente había solicitado que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid entregara copias de determinados correos electrónicos, así como que Google proporcionara información sobre mensajes enviados desde la cuenta del fiscal general. Sin embargo, el magistrado instructor optó por una intervención mucho más amplia, que incluyó registros físicos y la incautación masiva de dispositivos.
La Fiscalía sostiene que esta actuación judicial vulneró los derechos fundamentales de los investigados, especialmente al no haberse justificado adecuadamente la necesidad de una medida tan invasiva. Sánchez Conde ha calificado los registros de “insólitos” e “inconstitucionales”, argumentando que no existe una base jurídica sólida para la entrada en los despachos del fiscal general y la fiscal jefa de Madrid.
Posibles impactos en la investigación
Si el Tribunal Supremo da la razón a la Fiscalía y anula las pruebas obtenidas en los registros, la investigación podría verse seriamente debilitada. Al tratarse de una causa basada principalmente en las evidencias obtenidas de los dispositivos electrónicos incautados, la invalidez de estas pruebas podría llevar al archivo del caso o a una reformulación de la acusación con una base probatoria mucho más débil.
Por otro lado, si el Supremo avala la legalidad de la actuación del juez Hurtado, la investigación continuará y podrían ampliarse las diligencias para esclarecer el alcance de la presunta filtración de información confidencial.
Este caso ha despertado un intenso debate sobre los límites de la actuación judicial en investigaciones que afectan a altos cargos del Ministerio Público, así como sobre la independencia del poder judicial y el respeto a los derechos fundamentales en los procesos penales.
La deliberación del Tribunal Supremo será clave para determinar el futuro de la causa y marcará un precedente en cuanto a la intervención de la justicia en casos que involucran a las máximas autoridades del sistema judicial español.
Cargando...
