En Santa Susanna, un vial de ocho metros es insuficiente, pero uno de quince promete ser la clave del futuro. Al menos, eso es lo que sostiene el ayuntamiento, que ha impulsado la ampliación de una carretera a través de terrenos agrícolas protegidos. Los agricultores, en cambio, no ven con tan buenos ojos esta obra que, según ellos, podría abrir la puerta a una transformación urbanística mucho más ambiciosa.
El Pla de Balasc, un rincón de huerta con historia, está en el centro de la polémica. No solo es una zona de cultivo, sino que alberga construcciones centenarias, muros de piedra y pozos que forman parte del patrimonio local. La Generalitat aprobó el proyecto con la condición de preservar estos elementos, pero los afectados aseguran que las garantías se han quedado en promesas verbales.
Mientras tanto, el ayuntamiento ha puesto el dinero de las expropiaciones a disposición de los propietarios, pero muchos no buscan compensaciones económicas: quieren que su tierra siga siendo tierra, y no asfalto. Para garantizarlo, han instalado una carpa y llevan más de 100 días ocupando el terreno. “Nos dijeron que todo se haría con respeto al entorno, pero no hay ningún documento que lo confirme”, denuncian.
El proyecto, financiado con fondos europeos, tiene un calendario estricto: debe completarse antes de mayo. En este contexto, la prioridad parece ser cumplir con los plazos antes que atender las preocupaciones de quienes han trabajado en estos campos durante generaciones.
El alcalde, Joan Campolier, defiende que todo se está llevando a cabo de manera transparente y que la obra es necesaria para mejorar la movilidad. Sin embargo, los agricultores no se fían y advierten de que una vez que se abra la puerta a la urbanización, será difícil cerrarla.
Por ahora, la lucha sigue en pie. Entre quienes defienden la modernización del municipio y quienes temen que el desarrollo termine por borrar su identidad agrícola, la pregunta queda en el aire: ¿hasta dónde debe llegar el progreso?
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