El Partido Popular sigue atrapado en un laberinto judicial que abarca desde los últimos coletazos del caso Gürtel hasta la gestión de la DANA en Valencia y los problemas fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de los intentos de Núñez Feijóo por pasar página y vender una imagen de regeneración, los escándalos siguen golpeando al partido en distintas direcciones.
La corrupción política, las irregularidades en la gestión de emergencias y los presuntos delitos fiscales de figuras cercanas a la cúpula del PP han creado un cóctel explosivo que amenaza con erosionar su credibilidad.
El fantasma de Gürtel vuelve a escena
El caso Gürtel, que hace años provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, vuelve a traer malas noticias para el PP. En la Audiencia Nacional se está juzgando la pieza relativa a las adjudicaciones irregulares en la localidad madrileña de Arganda del Rey entre 2002 y 2008, cuando gobernaba el alcalde del PP Ginés López. Se estima que este regidor obtuvo medio millón de euros en mordidas de la trama dirigida por Francisco Correa.
El propio Correa, en un intento de reducir su condena, ha confesado que sobornó al alcalde a cambio de contratos públicos por valor de 1,2 millones de euros. Las empresas de la red Gürtel se encargaron de organizar eventos municipales y campañas de promoción turística, generando beneficios millonarios.
Además, el cabecilla de la trama ha admitido haber actuado como intermediario en la operación urbanística de Martinsa, por la que la constructora de Fernando Martín pagó 25 millones de euros a la red de Correa a cambio de favores en el Ayuntamiento de Arganda.
Lo más grave es que los tres principales acusados han reconocido los hechos. El exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco aparece señalado como receptor de comisiones millonarias por su papel en la adjudicación de contratos.
No es la primera vez que el PP es condenado por Gürtel. La primera sentencia, en 2018, supuso la caída de Rajoy tras la moción de censura de Pedro Sánchez. Desde entonces, la formación ha intentado desmarcarse de la corrupción de su pasado, pero los tribunales siguen recordándole que la sombra de la trama Gürtel es alargada.
La DANA y la gestión fallida en Valencia
El escándalo de la Gürtel no es el único problema judicial que enfrenta el PP. En Valencia, la jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga la gestión de la DANA, que dejó 224 muertos en la comunidad. La magistrada analiza si hubo negligencia en la toma de decisiones y si se cometieron delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
Uno de los puntos clave de la investigación es la decisión del gobierno regional del PP y Vox de desmantelar en 2023 la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE). Este organismo habría reforzado los servicios de protección civil y podría haber mitigado los efectos de la catástrofe. La jueza señala directamente a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, por la tardanza en activar las alertas a la población ante las lluvias torrenciales y el desbordamiento de ríos.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha rechazado dimitir a pesar de las críticas y la investigación en curso. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen responsabilidades y acusan al Gobierno regional de haber puesto en riesgo la vida de cientos de personas con su falta de previsión.
El escándalo del novio de Ayuso
Si la Gürtel y la gestión de la DANA no fueran suficientes, Isabel Díaz Ayuso ha decidido hacer suya la causa judicial contra su pareja, Alberto González Amador. La presidenta madrileña ha convertido en un pulso político lo que en un principio parecía un problema privado.
González Amador está siendo investigado por dos delitos fiscales que suman 350.000 euros y un delito de falsedad documental. Sin embargo, la jueza Inmaculada Iglesias ha ampliado la investigación al detectar un posible pago irregular de casi medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención. La Fiscalía sospecha que esta cantidad podría ser una comisión encubierta.
El Grupo Quirón Salud, gigante de la sanidad privada en Madrid, multiplicó por cuatro los pagos a González Amador desde que inició su relación con Ayuso en 2021. Ese año, el empresario pasó de recibir 275.000 euros a más de un millón. La oposición ha pedido explicaciones sobre este incremento y sus posibles conexiones con los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid.
Pese a las evidencias, Ayuso ha defendido públicamente a su pareja y ha acusado al Gobierno de utilizar a la Agencia Tributaria y a los tribunales como armas políticas. En la dirección nacional del PP observan con preocupación cómo este caso amenaza con erosionar la imagen de la presidenta madrileña, una de sus figuras más mediáticas.
Un partido bajo presión
Los frentes judiciales se acumulan para el PP. Feijóo intenta desmarcarse de los escándalos, pero las investigaciones avanzan y el desgaste político es evidente. Con Gürtel reviviendo en los tribunales, la gestión de la DANA bajo la lupa judicial y el caso del novio de Ayuso en plena efervescencia, la formación conservadora tiene cada vez más difícil escapar del cerco judicial.
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