Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), enfrenta un proceso judicial tras el beso no consentido a Jennifer Hermoso y las presuntas coacciones posteriores. Aunque los delitos por los que se le acusa pueden acarrear penas de cárcel, la legislación española y las circunstancias del caso hacen poco probable que termine en prisión. El Código Penal establece que el delito de agresión sexual sin violencia ni intimidación se castiga con una pena de entre uno y cuatro años de prisión, mientras que el delito de coacciones puede suponer una condena de seis meses a tres años de cárcel o una multa económica. La Fiscalía ha solicitado un año de prisión por la agresión sexual ocurrida el 23 de agosto de 2023 durante la celebración del Mundial Femenino y un año y medio por las coacciones para que la futbolista minimizara el hecho. También ha pedido una indemnización de 100.000 euros para Hermoso, de los cuales 50.000 corresponden a la agresión sexual y los otros 50.000 deben ser asumidos por los cuatro acusados en el caso de coacciones: Rubiales, el exseleccionador nacional Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la selección Albert Luque y el exresponsable de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera.
A pesar de estas penas solicitadas, el Código Penal permite suspender la ejecución de la condena si la pena impuesta no supera los dos años y el condenado no tiene antecedentes, lo que reduce considerablemente la posibilidad de que Rubiales ingrese en prisión. Además, la Fiscalía ha solicitado su inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el ámbito deportivo mientras dure la condena y una orden de alejamiento que le impida acercarse a Hermoso a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante siete años y medio. Para los otros acusados, esta restricción se limitaría a tres años y medio. Estas medidas buscan no solo sancionar a los implicados, sino también sentar un precedente en la protección de las deportistas y la lucha contra el abuso de poder en el ámbito deportivo.
Jennifer Hermoso, en su declaración ante la Audiencia Nacional, reiteró que nunca dio su consentimiento para el beso y afirmó que este episodio afectó profundamente su vida personal y profesional. “En ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos lo esperé. Se me faltó al respeto”, declaró la futbolista ante el magistrado José Manuel Fernández-Prieto. La jugadora relató que el beso ocurrió en un momento de euforia tras la victoria del Mundial, mientras saludaba a las autoridades. Según su testimonio, Rubiales la tomó por la cabeza y la besó sin previo aviso, un gesto que ella no consintió ni esperaba. “Sentí que estaba fuera de contexto totalmente. No pude separarme ni moverme. Sabía que me estaba besando mi jefe y eso no debe de ocurrir ni en el ámbito laboral ni social”, añadió. También detalló que desde el primer momento quiso denunciar lo sucedido, pero sintió una fuerte presión para no hacerlo, con intentos por parte del entorno de Rubiales para que cambiara su versión y restara importancia a lo ocurrido.
El caso ha generado una gran repercusión, no solo por la figura de Rubiales y su papel en el fútbol español, sino también porque refleja una problemática más amplia sobre la violencia de género y el abuso de poder en el deporte. La jurisprudencia española ha dejado claro en varias ocasiones que los besos no consentidos pueden ser considerados agresión sexual, como ocurrió en el caso del empresario Manuel Muñoz, quien en 2016 fue condenado a pagar una multa de 13.800 euros y una indemnización de 2.500 euros por simular besar a la política Teresa Rodríguez durante un acto público.
Más allá de las posibles consecuencias judiciales, este juicio tiene un impacto social y mediático que trasciende al propio Rubiales. Ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la cultura del fútbol español, con una mayor protección a las deportistas y una revisión de los códigos de conducta dentro de las instituciones deportivas. La inhabilitación solicitada por la Fiscalía es un reflejo de la intención de enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de los dirigentes en el deporte y la importancia del respeto en todos los ámbitos.
El juicio continuará hasta el 19 de febrero y se espera que el fallo pueda sentar un precedente en la lucha contra el abuso de poder en el deporte. La resolución no solo determinará el futuro judicial de Rubiales, sino que podría marcar un antes y un después en la manera en que se abordan estos casos en el ámbito deportivo y social.
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