La Audiencia de Sevilla cierra la puerta a la Junta de Andalucía en el caso ERE: “No es parte en la causa”

Nuevo revés judicial para el Gobierno andaluz de Juanma Moreno. La Audiencia de Sevilla ha rechazado este lunes la solicitud de la Junta de Andalucía para personarse en la pieza política del caso ERE, una de las macrocausas más relevantes y mediáticas de la democracia española, que vuelve a reactivarse en el debate público tras los últimos movimientos del Tribunal Constitucional y las posibles derivaciones hacia la justicia europea.

La negativa se produce en un momento especialmente sensible: apenas unas semanas después de que el Tribunal Constitucional concediera amparo a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo que ha alimentado los temores de impunidad por parte del actual Ejecutivo andaluz.

En una providencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que ha tenido acceso EFE, se argumenta que “no ha lugar a lo solicitado” por la Junta de Andalucía porque no es parte en la causa, recordando además que ya solicitó antes del juicio el archivo de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles. Es decir, la Junta tuvo la oportunidad de ejercer su papel como acusación en su momento y decidió no hacerlo, reservándose para eventuales reclamaciones en la vía civil. Esa decisión, ahora, le cierra la puerta a implicarse en esta nueva etapa del proceso.

Este revés jurídico no es menor. La Junta, en palabras del propio presidente Juanma Moreno, había justificado su intento de personación apelando a la “obligación” institucional de recuperar los cerca de 700 millones de euros desviados presuntamente de las arcas públicas en el marco del fraude de los ERE. Según el Gobierno andaluz, su interés es legítimo, en tanto que afectado directo, y su intención era participar activamente en el proceso judicial ante la posibilidad de que la Audiencia de Sevilla eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desde el Ejecutivo andaluz, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se ha mostrado especialmente contundente en los últimos días, acusando al Tribunal Constitucional de favorecer la impunidad: “Creemos que la sentencia del TC puede provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España”, afirmó, en referencia a los efectos prácticos que puede tener el amparo concedido a los expresidentes Chaves y Griñán.

Para el Gobierno del PP en Andalucía, lo que está en juego no es solo el relato judicial del caso ERE, sino también una oportunidad de reivindicar su papel como defensor de los intereses públicos frente a la etapa socialista que se asocia al caso. Sin embargo, los tribunales han recordado a la Junta que ya renunció formalmente a su papel dentro del proceso penal cuando optó por reservarse acciones civiles y pedir el archivo de su participación en el juicio principal. Esa renuncia ahora impide su entrada en la causa.

El intento de personarse se activó el pasado 12 de mayo, en un contexto de creciente debate por la posibilidad de que la justicia europea entre a valorar si el Constitucional actuó conforme al derecho comunitario al conceder amparo a los exdirigentes socialistas. La Audiencia de Sevilla había abierto un plazo para que las partes se pronunciaran al respecto, incluyendo a la Fiscalía, el Partido Popular, Manos Limpias y las defensas de los acusados.

El fondo de la cuestión gira en torno a si el fallo del Tribunal Constitucional puede alterar el sentido de las condenas y afectar a los mecanismos de recuperación del dinero supuestamente defraudado. Y, si es así, si hay margen para que instancias superiores como el TJUE tomen cartas en el asunto.

 

Sin embargo, la Audiencia ha sido tajante. Ni el contexto político ni la presión mediática justifican reabrir la puerta a una administración que renunció expresamente a formar parte del proceso judicial. El caso ERE, por tanto, sigue su curso con nuevos actores, pero sin la personación de la propia Junta, que ahora deberá explorar otras vías para cumplir con su promesa de “recuperar hasta el último euro” del mayor caso de corrupción política en la historia de Andalucía.

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