Yo debo de ser muy impaciente, pero siete años me parecen demasiados para colocar bien las herramientas legales contra la malversación de fondos europeos. En casa del herrero, cuchillo de palo… y el manual todavía abierto.
Yo me imagino el asunto como una reparación doméstica aplazada durante años. La Unión Europea entregó el manual, señaló las piezas necesarias y fijó julio de 2019 para terminar el montaje. España, por lo visto, dejó la caja abierta en mitad del pasillo y pensó que ya habría tiempo.
En diciembre de 2021 llegó el primer aviso por el retraso en disposiciones que afectan, por ejemplo, a la definición de corrupción. Y ahora Bruselas vuelve a mirar el arreglo y encuentra más “deficiencias”: la legislación española no incluye adecuadamente la malversación de fondos de la UE y contempla una pena máxima de prisión inferior a la exigida.
Bueno, vale, puede que varios años no sean tanto si uno está colocando una estantería. Se pierde un tornillo, se tuerce una balda, surge otra urgencia política… Pero esto no es un mueble decorativo. Es una directiva que Bruselas considera una piedra angular para proteger el presupuesto comunitario y que también sienta las bases de la competencia de la Fiscalía Europea.
Ahora las autoridades nacionales tienen dos meses para abordar el desperfecto. Si la respuesta no convence, puede llegar un dictamen motivado y, si seguimos buscando el destornillador, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE con una solicitud de sanción.
Y yo me pregunto por qué nuestra clase política parece encontrar tanta rapidez para ajustar unas normas y tanta calma cuando toca reforzar los controles sobre el dinero público. Gobierne quien gobierne, el manual siempre parece estar en otro cajón.
Quizá todo quede reparado antes del siguiente aviso. O quizá descubramos que el verdadero instrumento político nacional no es el martillo, sino la excusa multiusos…


