Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz y encargada de la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recibido un total de 32 quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde finales de 2023. Estas quejas, presentadas por la abogada Sara Moreno y su cliente en el marco de un proceso judicial de gran complejidad, denuncian supuestas irregularidades en la actuación de la magistrada, incluyendo parcialidad, denegación injustificada de diligencias y retrasos procesales.
El origen de esta controversia se sitúa en un divorcio contencioso que derivó en múltiples denuncias cruzadas entre las partes implicadas, dando lugar a una serie de procedimientos judiciales en los juzgados de instrucción de Badajoz. La abogada Sara Moreno, que representa a un empresario vinculado a este caso, ha denunciado en repetidas ocasiones lo que considera una actuación irregular por parte de la jueza Biedma, señalando retrasos injustificados en la tramitación de la causa y la negativa a admitir ciertas pruebas o diligencias.
De las 32 quejas presentadas, algunas han sido archivadas y otras siguen pendientes de resolución. Sin embargo, el CGPJ ha desestimado algunas alegaciones argumentando que se trata de decisiones procesales que escapan a su ámbito disciplinario.
Un entramado judicial con vínculos familiares
El caso ha sacado a la luz las conexiones familiares entre diversos miembros de la judicatura en Badajoz. La jueza Esther Sara Vila, titular del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, se vio obligada a apartarse de una parte del procedimiento al estar casada con Juan Díaz-Ambrona Cancho, abogado de una de las partes implicadas en el litigio. Esta circunstancia llevó a que el caso pasara a manos de la jueza Biedma, lo que marcó el inicio de la serie de quejas presentadas contra ella.
Las relaciones familiares en los juzgados pacenses no terminan ahí. El abogado Juan Díaz-Ambrona Cancho es primo del juez decano de Badajoz, Emilio García-Cancho, quien a su vez está emparentado con el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Luis Hernández Díaz-Ambrona. Estas conexiones han despertado dudas sobre la imparcialidad en la gestión de ciertos procesos judiciales en la ciudad.
Cruce de denuncias y un juicio contra la abogada denunciante
La situación tomó un giro aún más complejo cuando una de las quejas de la abogada Sara Moreno se convirtió en una denuncia judicial. La letrada denunció la presunta desaparición de pruebas de la plataforma digital de los juzgados de Badajoz, lo que llevó a la apertura de una investigación en el Juzgado de Instrucción 4. Sin embargo, la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) de ese juzgado respondió interponiendo una denuncia contra la propia abogada, acusándola de denuncia falsa.
Esta denuncia contra Sara Moreno recayó en el juzgado de Beatriz Biedma, quien la citó a declarar como investigada por videoconferencia. La abogada sostiene que el procedimiento fue irregular, ya que no fue identificada adecuadamente, no se le informó de sus derechos y se le impidió declarar en sede judicial.
Finalmente, la jueza Biedma ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado contra Sara Moreno, lo que supone el paso previo a la celebración de un juicio en su contra. Ante esta situación, la letrada ha solicitado amparo al Colegio de Abogados de Sevilla, que la ha derivado al de Badajoz, aunque todavía no ha recibido respuesta.
La investigación contra el hermano de Pedro Sánchez
En paralelo a esta controversia, la jueza Biedma mantiene abierta la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La magistrada sospecha que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz fue creado expresamente para él, en lo que podría constituir un caso de contratación irregular.
A pesar de los intentos de la defensa de Sánchez por archivar la causa, la Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado la continuidad de la investigación. Este caso ha generado un gran revuelo político y mediático, ya que involucra directamente a la familia del presidente del Gobierno en una causa judicial con fuertes implicaciones.
El próximo desenlace de estas investigaciones determinará no solo la situación de David Sánchez, sino también el impacto que pueda tener en la propia jueza Beatriz Biedma, cuya actuación ha sido objeto de numerosas críticas y quejas ante el órgano de gobierno de los jueces.
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