En el aristocrático barrio de Valdemarín, en Madrid, el sol brilla radiante sobre 40 chalés de lujo recién construidos, ignorando por completo que esas mansiones de dos millones de euros deberían haberse quedado en el plano de proyectos prohibidos. Mientras los felices compradores pasean entre jardines perfectos y piscinas de diseño, la sentencia que anulaba el permiso de construcción yace plácidamente en su rincón olvidado, como el secreto mejor guardado de la historia inmobiliaria madrileña.
La trama, digna de una novela de misterio burocrático, comienza en 2013 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) recibió un fallo firme y sin derecho a apelación que anulaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para esta privilegiada área. Dicho de otra manera, en 2013 el TSJM debió publicar la sentencia, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), dejando claro que no había permiso para levantar más chalés en la zona. Pero, claro, olvidos pasan; sobre todo cuando son olvidos tan convenientes.
La sentencia en cuestión anula el PGOU porque incluía una sinuosa calle de acceso a un colegio que, a decir del Supremo, era “irracional y arbitraria”, palabras que suelen reservarse para describir obras de arte abstracto, no para la planificación urbana. ¿Solución? El TSJM opta por dar un toque de originalidad a su interpretación de la ley y simplemente… no publica la sentencia. La dejadez burocrática reina en silencio y, durante esos diez años, las constructoras ven la oportunidad y la aprovechan, levantando chalés para millonarios en Valdemarín con una celeridad admirable.
La saga no es tan simple como un “se nos olvidó publicar la sentencia”. En 2013, apenas un año después del fallo firme, un selecto grupo de la Junta de Compensación de Valdemarín Este se reunió a puerta cerrada con el juez Arturo Fernández, ponente de la sentencia. Mientras uno de los vecinos afectados, Miguel San Román, luchaba en los tribunales para que se cumpliera la ley, Fernández decidió escuchar con mucho interés las inquietudes de la Junta de Compensación. La sentencia seguía sin ejecutarse, y la construcción avanzaba; no fuera a ser que algo tan mundano como el cumplimiento de la ley se interpusiera entre el mercado inmobiliario y sus millonarios beneficios.
Los años pasaron, el PGOU siguió tan anulado como olvidado, y los constructores, encantados, consiguieron licencias para sus chalés. Para cuando Miguel San Román logró reincorporarse en el proceso, ya no era propietario de los terrenos, y el tribunal concluyó que, ¡oh sorpresa!, la sentencia estaba ya “cumplida”. ¿La razón? El Ayuntamiento de Madrid había reducido la velocidad en la carretera, convirtiéndola en una vía de dirección única. Claro, la seguridad vial primero, y si eso implica dar por legalizados 40 chalés de lujo, ¿quién podría quejarse?
Pero quizás el clímax de este culebrón inmobiliario llega en 2023. Una década después de que el Tribunal Supremo diera el veredicto, el juez Fernández García, nuestro héroe de la amnesia administrativa, decidió finalmente que, bueno, tal vez sí valía la pena publicar el fallo en el BOCM, porque diez años ya parecían suficiente tiempo para hacer la vista gorda. Ahora, por fin, podemos afirmar que el fallo se ha hecho público. ¿Y los 40 chalés construidos al amparo del olvido oficial? Ahí seguirán, presumiendo su ilegalidad en forma de jardines inmaculados y vallas perfectas, un monumento al estilo Valdemarín de la planificación urbana.
En definitiva, el caso Valdemarín deja una clara enseñanza: si tienes dinero, paciencia y amigos influyentes, la ley puede adaptarse a tus necesidades.
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