María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, ha sido citada a una conciliación por Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González reclama 40.000 euros por unas declaraciones de Montero que considera injuriosas y reveladoras de secretos.
El conflicto se originó cuando Montero, durante una intervención pública, sugirió que Ayuso debería explicar si estaba viviendo en un piso financiado con dinero obtenido de manera fraudulenta durante la pandemia, incluyendo comisiones por la venta de mascarillas. Este comentario llegó antes de que los medios publicaran información detallada sobre las supuestas actividades fraudulentas de González.
González acusa a Montero de haber revelado datos personales y sensibles que aún no eran de dominio público, lo que podría constituir una revelación de secretos. La querella que prepara incluye también a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, implicando una posible filtración desde estos organismos. Montero ha negado repetidamente que su ministerio haya filtrado información, argumentando que los datos se conocieron a través de denuncias y reportajes periodísticos.
El entorno de Ayuso ha respondido con firmeza, acusando a Montero de actuar de manera impropia y exigiendo explicaciones sobre cómo obtuvo y utilizó información confidencial. La situación ha escalado a un punto donde el Colegio de Abogados de Madrid ha expresado su preocupación por la gravedad de la revelación de datos de conversaciones entre un abogado y la Fiscalía, anunciando posibles acciones legales.
Este enfrentamiento añade tensión a la ya complicada relación entre el gobierno central y la administración de la Comunidad de Madrid, encabezada por Ayuso, quien ha criticado duramente al gobierno por su manejo de diversas cuestiones políticas y administrativas.
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