El Gobierno parece haber cambiado a marchas más rápidas con el Plan de Acción por la Democracia, un proyecto ambicioso que pretende modernizar las instituciones y robustecer los principios democráticos, aunque con resultados todavía modestos. Hasta ahora, de las 31 medidas anunciadas, apenas cuatro han visto la luz, mientras el resto se encuentra en diversas fases de desarrollo.
Entre las medidas más recientes, presentadas por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, destacan las ayudas de 124,5 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación. Pero como en toda buena historia burocrática, las autorizaciones europeas retrasan el lanzamiento del paquete principal hasta casi el verano.
Entre las propuestas más polémicas está la creación de un registro de medios de comunicación, un Big Brother democrático donde se registrará quiénes son los dueños de los medios y cómo reciben inversión publicitaria. A esto se suma la reforma de la Ley de Publicidad Institucional y la ampliación de competencias de la CNMC para supervisar medios digitales. Ah, y los medidores de audiencia, un tema tan antiguo como debatido, se enfrentarán al desafío de convertirse en algo “fiable y neutral”. Spoiler: lograr consenso en este campo parece más difícil que aprobar los Presupuestos Generales del Estado a la primera.
Compromiso con la transparencia
Por otro lado, el Gobierno ha puesto su foco en medidas de transparencia. En 2025, España será anfitriona de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa que suena como el Coachella de la transparencia gubernamental. Además, se espera que en los próximos meses salgan a la luz una nueva ley de administración abierta y una ley de lobbies, que pondrá a más de un intermediario político a sudar frío.
Refuerzos en el ámbito judicial
En el terreno judicial, dos fiscalías especiales ya están en marcha para perseguir delitos económicos y administrativos. Asimismo, el Gobierno ha aprobado un estatuto para proteger a informantes de corrupción, quizás pensando en algún futuro héroe anónimo que termine protagonizando un documental en plataformas de streaming.
Retos pendientes y promesas a medio cumplir
El catálogo de promesas no realizadas incluye reformas como la de la Ley de Secretos Oficiales, la regulación de los delitos de opinión en el Código Penal o la obligación de celebrar anualmente un Debate sobre el Estado de la Nación. Tampoco se ha avanzado en la reforma electoral que prometía debates obligatorios entre candidatos y la publicación de microdatos electorales.
Con este panorama, uno se pregunta si el Gobierno podrá cumplir su ambicioso programa antes de que el reloj de la legislatura llegue a cero. De momento, entre anuncios optimistas y la sombra de la burocracia, parece que el Plan de Acción por la Democracia sigue más como un esbozo que como un cuadro terminado.
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