El PSOE y Sumar se encuentran inmersos en una intensa negociación para intentar alcanzar un acuerdo sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y evitar que el conflicto ponga en riesgo la unidad de la coalición en el Congreso. La eliminación del mínimo exento en el IRPF ha generado un profundo desacuerdo entre los socios de Gobierno, lo que ha llevado a abrir un diálogo entre los ministerios de Hacienda y Trabajo con el objetivo de llegar a un principio de acuerdo antes del viernes, fecha límite para que Hacienda pueda vetar la proposición de ley presentada en la Cámara Baja.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que se está trabajando en una medida para compensar a los trabajadores que, con la nueva subida del SMI, tengan que tributar por primera vez. “Estamos trabajando en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo, son pocos, pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI”, ha asegurado Montero en declaraciones a los medios desde el Senado.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado desde Bruselas que su equipo ya ha remitido a Hacienda un documento con propuestas y que las negociaciones continúan. Aunque las conversaciones avanzan, todavía no se conocen los detalles concretos de las medidas que podrían adoptarse.
El origen del conflicto se remonta a febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó una nueva subida del SMI para 2025. Hasta ese momento, este salario había estado exento de tributar, y en anteriores ocasiones Hacienda había optado por elevar el mínimo exento del IRPF para adaptarlo a los incrementos del SMI. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio de Hacienda decidió no actualizar el umbral de tributación al considerar que el SMI ya no era un salario de subsistencia tras las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno. Esta postura chocó frontalmente con la de Sumar, que defiende que el SMI debe mantenerse exento para garantizar un sistema fiscal más justo en el que paguen más quienes tienen mayores ingresos.
El conflicto político se intensificó cuando Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para recuperar la exención del IRPF para el SMI. A esta iniciativa se sumaron otras propuestas similares presentadas por el PP y Podemos. Hacienda respondió con la amenaza de vetar todas estas iniciativas, argumentando que afectarían a los Presupuestos Generales del Estado, una prerrogativa que la Constitución otorga al Gobierno. Sin embargo, Sumar ha advertido que podría utilizar su posición en la Mesa del Congreso, donde cuenta con una mayoría alternativa junto al PP, para levantar el veto de Hacienda si no se llega a un acuerdo antes del viernes.
El dilema para el Gobierno es complejo. Por un lado, el PSOE intenta mantener el equilibrio entre su compromiso con la disciplina fiscal y la necesidad de evitar un enfrentamiento abierto con su socio de coalición. Por otro, Sumar ha convertido la recuperación del mínimo exento del SMI en una de sus principales banderas políticas, argumentando que no es coherente que el Gobierno permita que los trabajadores con salarios más bajos tengan que tributar mientras se abre la puerta a exenciones fiscales para rentistas que pongan sus viviendas en alquiler dentro de los precios regulados.
Las negociaciones siguen abiertas y ambas partes parecen decididas a encontrar una solución antes del viernes. La posibilidad de que el conflicto desemboque en una ruptura de la unidad parlamentaria del bloque de investidura preocupa en Moncloa, donde se busca evitar una votación en la que Sumar se alinee con la oposición.
El resultado de esta negociación marcará un punto clave en la relación entre los socios de Gobierno y en la política fiscal del Ejecutivo. Mientras tanto, los trabajadores afectados por la medida siguen pendientes de si finalmente tendrán que empezar a pagar IRPF por el SMI o si el Gobierno optará por una compensación para mitigar el impacto de la decisión.
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