Un fallo judicial ha forzado a la administración de Donald Trump a readmitir a cerca de 24.500 empleados públicos que fueron despedidos en los últimos meses bajo el argumento de que se encontraban en “periodo de prueba”. Esta decisión ha sido vista como un revés para la estrategia del expresidente, quien ha impulsado una profunda reestructuración de la burocracia federal desde su regreso a la Casa Blanca.
El juez federal James Bredar, de Baltimore (Maryland), determinó el pasado 13 de marzo que estos despidos masivos violaban la normativa que regula las contrataciones y ceses de empleados en periodo de prueba, y ordenó su inmediata reincorporación. Sin embargo, muchos de los funcionarios readmitidos han recibido una notificación de que, por el momento, estarán en “permiso remunerado sin obligaciones”, lo que indica que la administración aún evalúa los siguientes pasos en este litigio.
Una purga sin precedentes en el funcionariado federal
Desde su regreso al poder, Trump ha llevado a cabo una de las purgas más grandes en la historia del gobierno estadounidense, enfocándose especialmente en empleados que considera alineados con la administración anterior o contrarios a su agenda política.
Los despidos afectaron a 18 agencias federales, entre ellas el Departamento del Tesoro, que cesó a 7.600 empleados, el Departamento de Agricultura, con 5.700 despidos, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que prescindió de más de 3.200 trabajadores.
Otros organismos, como la Agencia de Protección del Medio Ambiente, han confirmado que al menos 419 empleados han sido readmitidos, aunque la mayoría sigue en un limbo administrativo. En el caso del Departamento de Comercio, los trabajadores reinstalados han recibido comunicaciones oficiales informándoles de que estarán en situación de “permiso pagado sin obligaciones”, lo que en la práctica significa que no se les ha asignado trabajo mientras se resuelve el caso en los tribunales.
El impacto político y económico de la decisión judicial
La orden de reinstalación emitida por el juez Bredar se dio en respuesta a una demanda presentada por 19 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia, quienes argumentaron que los despidos masivos aumentarían el desempleo y generarían una mayor presión sobre los servicios sociales administrados por los estados.
En paralelo, un tribunal federal de San Francisco también emitió un fallo en la misma dirección, ordenando la readmisión de empleados despedidos en seis agencias gubernamentales, incluidas cinco ya contempladas en la decisión de Bredar y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Ante esta situación, la administración Trump apeló el fallo ante un tribunal de segunda instancia en Richmond (Virginia) y solicitó la suspensión de la orden judicial mientras se resuelve el litigio. En su apelación, el gobierno argumenta que readmitir a miles de empleados en tan poco tiempo ha generado “confusión y cargas significativas” para las agencias federales, y advirtió que si el tribunal de apelaciones revoca la decisión de Bredar, estos funcionarios podrían ser despedidos nuevamente en cuestión de semanas.
El próximo 26 de marzo está prevista una nueva audiencia judicial, en la que se determinará si la orden de readmisión se mantiene mientras continúa el proceso legal.
Una estrategia para remodelar el gobierno federal
El despido masivo de estos empleados es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para reconfigurar la burocracia federal y asegurar que las agencias del gobierno estén alineadas con su visión política.
Desde su primer mandato, Trump ha expresado su desconfianza hacia lo que él llama el “Estado profundo”, refiriéndose a sectores de la administración que, según él, operan en su contra. En su segunda presidencia, ha tomado medidas aún más drásticas para limpiar la burocracia de funcionarios considerados hostiles a su agenda.
Entre las iniciativas más controvertidas está la reactivación de la Orden Ejecutiva 13957, que facilita el despido de empleados públicos al reclasificarlos dentro de una nueva categoría que les priva de protecciones laborales. Esta orden fue eliminada por Joe Biden en 2021, pero Trump la reinstauró tras su regreso a la Casa Blanca.
¿Qué viene ahora?
El litigio en curso será un campo de batalla clave entre la administración Trump y sus opositores. Si la Corte de Apelaciones de Richmond decide revocar la orden del juez Bredar, la administración podría despedir nuevamente a los 24.500 empleados sin necesidad de pasar por un proceso burocrático largo.
Sin embargo, si la orden se mantiene, Trump podría enfrentar una crisis política y administrativa, ya que se vería obligado a reincorporar a empleados que intentó expulsar de la función pública.
A medida que se acerca la audiencia del 26 de marzo, el destino de estos trabajadores sigue siendo incierto. Mientras tanto, los sindicatos de empleados federales han advertido que, de confirmarse nuevos despidos, presentarán más demandas para frenar la purga administrativa de Trump.
Por ahora, miles de funcionarios siguen en un limbo, esperando saber si podrán volver a trabajar o si, una vez más, serán víctimas de la política de reestructuración de la administración Trump.
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