Podemos no está por la labor. La formación de Ione Belarra ha dejado claro que no apoyará la cesión de competencias en inmigración a Catalunya, el último pacto entre PSOE y Junts que ha abierto un nuevo capítulo en la legislatura. Mientras tanto, Esquerra ha dado su apoyo a la iniciativa y los partidos vascos prefieren esperar antes de pronunciarse.
El presidente del Gobierno ha pasado, en poco más de una semana, de tener sobre la mesa una posible cuestión de confianza promovida por Carles Puigdemont a inaugurar una nueva negociación parlamentaria que le vuelve a dar oxígeno. Lo que parecía una amenaza existencial para la legislatura ha terminado en un acuerdo que, aunque difícil, abre un periodo de cierta estabilidad con Junts.
Algunas voces en el Congreso ven similitudes con el proceso de la ley de amnistía. En aquel momento, Junts no iba a torpedear la legislatura mientras no se garantizara la aprobación de la norma que más les importaba. Ahora, con la cesión de competencias migratorias en juego, la dinámica parece repetirse. El proceso será largo y tortuoso, con una admisión a trámite, un debate de enmiendas, una votación final y el casi seguro veto del Senado que deberá ser revertido en el Congreso.
Desde el PSOE insisten en que el texto respeta escrupulosamente los derechos humanos y que solo supone una descentralización de competencias administrativas sin alterar el marco legal estatal o europeo. Sin embargo, Podemos rechaza la propuesta y la tacha de “racista”, asegurando que Junts busca restringir derechos para competir con fuerzas ultraconservadoras como Aliança Catalana. La formación morada insiste en que primero debe aprobarse la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a los migrantes en España antes de hablar de nuevas transferencias.
ERC, aunque crítica con el oportunismo de Junts, respalda el acuerdo y participará en la negociación del texto. En cambio, los partidos vascos han optado por no pronunciarse de momento.
El gran interrogante es si la ley logrará pasar siquiera la fase de admisión a trámite. La mayoría de investidura no está alineada como en la amnistía, y los votos de Podemos podrían tumbar el acuerdo antes de que eche a andar. Mientras tanto, Sánchez sigue haciendo equilibrios para mantener viva una legislatura en la que cada semana parece un capítulo nuevo de supervivencia política.
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