La crisis que sacude actualmente a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya ha derivado en uno de los mayores escándalos institucionales que ha afrontado el sistema de protección de menores en el Estado. Lo que comenzó con una denuncia puntual por abusos sexuales a una niña tutelada por una red pederasta ha derivado en una auténtica tormenta política, administrativa y judicial, con ramificaciones que alcanzan de lleno a los principales partidos catalanes: ERC, Junts y, ahora, el PSC, como gestor actual del Ejecutivo autonómico.
El caso destapado ha revelado no solo fallos graves de protección de menores, sino también posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos, así como una alarmante descoordinación entre instituciones, centros de acogida y responsables políticos. A esto se añade el hecho de que el número de menores tutelados en Catalunya asciende a más de 8.800, lo que evidencia la dimensión de un sistema en tensión permanente y con carencias estructurales desde hace años.
Durante años, la DGAIA ha estado sometida a una dirección inestable, con relevos constantes en su cúpula y un funcionamiento que ha oscilado entre la sobrecarga, la falta de recursos y una gestión a menudo delegada en entidades concertadas. La gestión bajo gobiernos de diferentes signos ha sido objeto de críticas en distintos momentos, pero el episodio actual ha alcanzado un nivel de gravedad excepcional. A los hechos de abuso sexual sobre una menor bajo guarda de la Generalitat se suman las denuncias internas por el supuesto pago indebido de prestaciones a entidades privadas que gestionan plazas de acogida, lo que ha activado a la Oficina Antifraude de Catalunya.
El escándalo forzó recientemente el cese fulminante de la cúpula de la DGAIA nombrada por la actual consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, del PSC, quien asumió el cargo en agosto de 2024. Tras las destituciones de Isabel Carrasco y Joan Mayoral como directora y subdirector, el departamento trata de reconducir la situación con el nombramiento de Josep Muñoz Luque como nuevo responsable del organismo. Pero el daño institucional ya está hecho, y la gestión socialista se ve obligada a responder ante un organismo que arrastra problemas de fondo desde hace más de una década.
La creación de una comisión parlamentaria de investigación ya es un hecho prácticamente asegurado. Impulsada inicialmente por Junts y el PP, y finalmente respaldada por el PSC, ERC y Comuns, se prevé que abarque desde 2011 hasta la actualidad, un periodo que engloba varios gobiernos y mandatos, y donde la gestión del área de infancia fue asumida por diferentes responsables políticos y técnicos. Las comparecencias que se prevén en esta comisión apuntan a un importante ejercicio de revisión institucional.
ERC es, de todos los partidos implicados, el que más tiempo ha gestionado la DGAIA en los últimos años. Desde los tiempos del tripartito hasta las más recientes legislaturas, los republicanos han colocado a personas de su entorno al frente del organismo, algunas de las cuales hoy están relacionadas con entidades bajo investigación. El caso más emblemático fue el de Ester Cabanes, directora de la DGAIA hasta su cese en 2024 y persona de confianza de ERC, que había alertado en su día del caso Trinity –una red pederasta desarticulada en 2015– y que ahora aparece también en el centro de la crisis por su gestión reciente.
El periodo de Junts tampoco queda exento de responsabilidades. Bajo el mandato de la consellera Violant Cervera, en el Govern de coalición con ERC, se produjeron tanto los abusos a la niña por parte de una red criminal como las presuntas irregularidades en la gestión de fondos a centros de acogida. Durante este mandato, las señales de alarma dentro de los centros fueron ignoradas hasta que los educadores detectaron comportamientos sospechosos. A pesar de las denuncias, el principal acusado de liderar la red no fue detenido hasta mediados de 2022, y fue puesto en libertad inicialmente.
El PSC, por su parte, hereda ahora una situación extremadamente compleja. Aunque históricamente ha gestionado el área de forma esporádica, ahora le corresponde dar respuestas y poner orden. La consellera Martínez Bravo ha admitido abiertamente la gravedad de los hechos y ha prometido una “revisión profunda” del modelo, anunciando su próxima comparecencia ante el Parlament para rendir cuentas y presentar las líneas de reforma. La posibilidad de una reestructuración total de la DGAIA, con nuevos controles y mayores exigencias a las entidades concertadas, está sobre la mesa.
Desde ERC, fuentes internas reconocen la gravedad del asunto y el desgaste político que conlleva. El partido se encuentra recopilando información y no se descarta que el último conseller republicano, Carles Campuzano, haga declaraciones públicas para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Junts, por su parte, ha elevado el tono y exige la comparecencia urgente de la consellera y de cualquier persona implicada en los hechos.
La presión también llega desde los partidos que no han estado implicados directamente en la gestión de la DGAIA en los últimos catorce años, como la CUP o Ciudadanos, que exigen transparencia total y una depuración completa de responsabilidades.
La crisis de la DGAIA se ha convertido en un espejo incómodo para toda la clase política catalana, y está generando una creciente indignación social. El caso ha puesto en evidencia una larga cadena de errores, negligencias y, en algunos casos, posibles delitos cometidos bajo la cobertura de instituciones públicas. El futuro del sistema de protección de la infancia en Catalunya dependerá de las reformas que se impulsen a partir de ahora, pero también del grado de voluntad política real que haya para afrontar el problema con rigor y sin cálculos partidistas.
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